Durante décadas, México —junto con otros países productores y de tránsito— ha estado sentado en el banquillo de los acusados como responsable del problema de las drogas en EU y otros países consumidores. En tiempos recientes, México ha tratado de cambiar la narrativa, argumentado que si no hubiera demanda no habría oferta. Pero nuestro país se ha limitado a exigir a EU una disminución en el consumo de drogas, sin mucho éxito, y a repetir la trillada responsabilidad compartida en los comunicados, sin mayores consecuencias prácticas. De la mariguana a la cocaína, después las drogas sintéticas y ahora el fentanilo, las crisis se han ido sucediendo y la respuesta de EU ha sido siempre la misma: la negación… el problema viene de fuera.
México parece reaccionar de la misma manera con el flujo ilegal de armas, que corre en sentido contrario en la frontera entre ambos países. Por años, México ha reclamado a EU la entrada de armas estadunidenses, argumentado no solo que es una de las causas principales de la violencia endémica que azota al país sino también sustento del poderío de los cárteles de las drogas y, por tanto, uno de los motores del tráfico de estupefacientes. Así, México ha tratado de encontrar una relación causa-efecto entre el crecimiento exponencial de la violencia en nuestro país y el vencimiento en 2004 del Acta de Prohibición a las Armas de Asalto en EU — pese a que fue hasta 2008 cuando se dispararon los índices—, y culpa a las muy laxas leyes estadunidenses en materia de armas de alimentar el arsenal con el que cuenta a su disposición el crimen organizado. Por esa y otras razones, el control del comercio internacional de armas se convirtió en una de las prioridades de la política exterior mexicana, espacio en donde México se anotó victorias notables en al ámbito multilateral, incluyendo la Convención Interamericana para la Lucha contra la Fabricación y Tráfico de Armas (Cifta) y el Tratado de Comercio de Armas (ATT) de Naciones Unidas. La última de una serie de iniciativas es la ingeniosa demanda contra los fabricantes de armas interpuesta por México en cortes estadunidenses, que difícilmente cambiará el statu quo pero que probablemente destapará una cloaca allá… y también acá.
Porque, en efecto, cuando se trata de asumir su parte de la responsabilidad sobre el flujo ilegal de armas, México sufre del mismo complejo del menor de edad que los estadunidenses: somos víctimas de los perversos comerciantes de armas y de las negligentes leyes de ese país. Pero si bien EU es responsable de la salida de su territorio de miles de armas, solo México es responsable de que esas armas ingresen, caigan en manos del crimen organizado y circulen en territorio nacional prácticamente sin obstáculos, como se reconoce implícita e, incluso, explícitamente. ¿Con qué autoridad moral puede reclamar México a EU por su falta de controles cuando nuestro país no hace gran cosa al respecto?
La estrategia de culpar a otros de sus problemas durante décadas ha resultado muy exitosa para EU. Quizás por ello resulte atractiva para México. Pero nuestro país no puede darse el lujo de quedarse de brazos cruzados, sin hacer nada en su territorio, en espera de que EU imponga mayores controles a la compra-venta de armas. Según la simplista retórica estadunidense, si México impidiera el paso de las drogas, se acabarían las adicciones. Según la mexicana, si EU impidiera el paso de las armas, se acabaría la violencia. La realidad es, desde luego, mucho más compleja. El problema de la violencia en México es multidimensional. Tiene su origen en el tráfico de drogas y el cambio de estrategia para enfrentar al crimen organizado en 2006, vigente hasta la fecha. Es resultado de la falta de oportunidades, la corrupción y la impunidad. Y, en todo caso, las armas son efecto, no causa.
Resulta evidente que el sistema internacional de criminalización de las drogas ha fracasado contundentemente y que se requiere de un nuevo paradigma, que podría surgir a partir de los avances en la regulación del consumo y el comercio de la mariguana y quizás otras drogas, así como de los esfuerzos por hacer frente a las adicciones como un problema de salud y no uno judicial. Mientras ello sucede, la epidemia de opioides se agrava en EU y los tentáculos del crimen organizado se expanden en México, al tiempo que seguimos culpando uno al otro para evitar asumir nuestras respectivas responsabilidades.
Jorge Lomónaco*
*Diplomático de carrera por 30 años; ex embajador ante ONU-Ginebra y OEA
