Líneas rojas

El establecimiento de servicios civiles de carrera ha sido fundamental para la construcción institucional de los gobiernos, así como para garantizar continuidad en el ejercicio de la acción pública ante las alternancias inherentes a la democracia. Desafortunadamente, por múltiples razones, México siempre ha estado rezagado en este proceso. Así, se puede argumentar que en nuestro país se estableció formalmente un solo servicio civil de carrera durante la época predemocrática, el Servicio Exterior Mexicano (SEM). Y si bien a partir de los 90 comenzaron a surgir otros más en instituciones como el Banco de México, el INE, la Secretaría de Hacienda o el Poder Judicial, ninguno cuenta con el andamiaje del SEM. En todo caso, algunos de estos servicios de carrera han pasado ya por hasta tres alternancias a partir del año 2000, llevando a la práctica el objetivo último de su existencia: poner la experiencia de sus miembros al servicio del gobierno en turno, independientemente del signo político, operar con institucionalidad bajo sus órdenes y así garantizar la continuidad y el funcionamiento del gobierno.

A lo largo de las últimas décadas las alternancias en la mayoría de las democracias en el mundo se habían dado entre gobiernos con signos ideológicos y políticas diferentes, pero siempre dentro de un rango y siempre leales al sistema y las instituciones, en otras palabras, al régimen democrático que los llevó al poder. Sin embargo, la emergencia de líderes populistas, desleales a las instituciones, iliberales como se les ha dado en llamar, ha colocado a las burocracias profesionales, los servicios civiles de carrera y las instituciones en general de muchos países en situaciones difíciles, por decir lo menos.

En el Brasil de Bolsonaro, por ejemplo, los cuadros más experimentados de Itamaraty (la cancillería brasileña) fueron desplazados por otros de corta trayectoria, con menos escrúpulos y más dispuestos a acatar instrucciones indignas. Ello provocó la renuncia de varios embajadores y altos funcionarios. Eso mismo había ocurrido en la Argentina de los Kirchner y viene pasando en la Turquía de Erdogan, en donde lo único que importa es la lealtad al líder.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de EU generó un interesante debate sobre cuáles deberían ser los límites que un burócrata profesional debería poner al recibir una instrucción ilegal o, todavía mas complejo, inmoral o inaceptable. En otras palabras, ¿qué hacer si las políticas públicas, las decisiones del nuevo gobierno atentan contra la institucionalidad, los valores, la memoria colectiva, en última instancia, el ethos?, ¿qué hacer cuando se cruzan líneas rojas?, ¿cuáles son, dónde están, cómo se definen esas líneas rojas?

Cada uno de nosotros tiene líneas rojas personales, al tiempo de compartir con el entorno familiar, profesional, comunitario o la sociedad en general, otras tantas. Dado que la construcción de valores comunes o compartidos es resultado de procesos complejos, que toman mucho tiempo, las líneas rojas personales son las que se cruzan de manera más inmediata cuando se alteran abruptamente el orden y los consensos.

En 2016, un embajador estadunidense saliente me aseguró que las instituciones de su país podrían resistir un periodo de Trump, pero probablemente no un segundo en caso de reelegirse. Por lo que pudimos observar en las últimas semanas del año pasado y las primeras de éste, las instituciones estadunidenses resistieron, pero apenas. Así, cuando diplomáticos de carrera y miembros del establishment de seguridad en EU se enfrentaron al proceso de erosión democrática y las guerras culturales impulsadas por Trump, se vieron obligados a tomar decisiones individuales. Algunos renunciaron apenas tomó posesión, incluyendo a un grupo encabezado por el subsecretario de Administración, Patrick F. Kennedy, y Victoria Nuland, responsable de la relaciones con Europa. Otros decidieron esperar y lo acabaron haciendo un par de años después, en tanto que otros más resistieron hasta el final. Según la asociación que representa a los diplomáticos, EU perdió aproximadamente a 60 por ciento de los embajadores de carrera en tan solo el primer año de Trump. Las motivaciones de unos y otros fueron tan distintas como cada individuo. Pero mas allá de quienes decidieron quedarse por convicción o por ambición y oportunismo, fue posible observar —porque en muchos casos ocurrió de manera pública— una serie de reflexiones muy interesantes y, quizá, pertinentes para México.

Muchos de los que decidieron quedarse aunque fuera por un tiempo argumentaron, en mayor o menor medida, que había que dar el beneficio de la duda a la nueva administración, que había que tratar de resistir los cambios más dañinos o peligrosos desde dentro o que, en última instancia, la obligación del funcionario de carrera no es con el gobierno sino con el Estado, con el país si se quiere y que, por lo tanto, había que apechugar. Como se sabe, varios de ellos aguantaron un par de años pero al final acabaron renunciando, como John Feeley, embajador en Panamá tras servir muchos años en México, y Marie Yovanovitch, embajadora en Ucrania, porque “se habían cruzado demasiado líneas rojas”. ¿Cuales?, las de cada individuo.

En las democracias consolidadas las burocracias, las estructuras permanentes del Estado, son las encargadas de la maquinaria del gobierno. Por ello pueden operar por meses y hasta años bajo un “gobierno encargado” con absoluta normalidad, en espera de elecciones y la formación de un gobierno de coalición. En México, en contraste, el incipiente proceso de construcción de servicios civiles se interrumpió abruptamente como resultado natural del desmantelamiento de las instituciones. Asimismo, el gobierno actual tiene el objetivo explícito de deshacerse de los expertos y se han registrado una serie de renuncias de funcionarios con décadas de experiencia, incluyendo en los más altos rangos del Servicio Exterior Mexicano.

Como ha quedado demostrado, nuestro andamiaje institucional es, por joven y quizá por diseño, mucho más débil que el estadunidense y otras democracias consolidadas. Justo por ello es que es necesario contar no con menos sino con más y mejores cuerpos permanentes de expertos y especialistas en las distintas áreas de la administración pública. Resulta indispensable entonces que, en el contexto de una obligada discusión sobre la salud de nuestra democracia y las instituciones, se haga también una reflexión profunda sobre la importancia de los servicios civiles de carrera y las burocracias profesionales en México. Se trata desde luego de proteger a las instituciones, no a los individuos y sus privilegios. Se trata de salvaguardar la memoria institucional y asegurar el funcionamiento del gobierno, independientemente de politiquerías y ocurrencias del poder, mediante candados y otras garantías como la objeción de conciencia. Se trata, en ultima instancia, de crear las condiciones para un gobierno funcional y eficiente, con visión de largo plazo, subordinado exclusivamente a la ley y con los contrapesos adecuados para servir a la sociedad y no al grupo político en turno.