La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la semana pasada cambios al recibo de luz para incluir el desglose de los costos de la energía eléctrica. Se cumple con las reglas establecidas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que opera desde principios de 2016.
El MEM es un “mercado de precios marginales locales operado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) donde los generadores de energía eléctrica, comercializadores y consumidores calificados pueden efectuar transacciones de energía, potencia, servicios conexos, certificados de energía limpia y derechos financieros de transmisión en el mercado de día en adelante, en el mercado de hora en adelante y en el mercado de tiempo real”.
Esta es la explicación que la firma española Iberdrola, el primer productor privado de electricidad en México, con capacidad instalada de 5.832 megavatios, ofreció a sus accionistas en un análisis sencillo sobre las implicaciones y oportunidades de la reforma energética.
Es parte de la documentación entregada a quienes asistirán a la junta de accionistas el próximo viernes en Bilbao, España, donde el presidente del corporativo, Ignacio Galán, rendirá su informe de labores.
Entre otras cosas se destacó que el marco regulatorio anterior se respeta y se “mantienen las condiciones y derechos para los negocios e instalaciones existentes antes de la reforma, entre ellos los de Iberdrola, lo que proporciona estabilidad y seguridad jurídica”.
También se expuso que los permisos de suministrador de servicios calificados (SSC) en un entorno de “libre acceso y no indebidamente discriminatorio” compiten con la CFE.
“La proliferación y consolidación de estos nuevos SSC es una de las claves de que la liberación del mercado eléctrico se convierta en un éxito”.
Calificó como “uno de los hitos más relevantes de la reforma eléctrica” la nueva metodología de cálculo de tarifas reguladas que aplican al suministro básico. “Esta nueva tarifa se basa en la recuperación de los costos de generación, servicios conexos, de transporte y distribución, certificados de energía limpia y otros costos recuperables y objetivos de recaudación. Su implementación será progresiva y el verdadero impacto no se verá reflejado hasta el segundo trimestre de 2018”.
En la documentación se expuso que la Comisión Reguladora de Energía impuso “objetivos de recaudación a las empresas de transporte y distribución”, como principal mecanismo para promover la “reducción de pérdidas no técnicas derivadas del fraude de clientes”.
