En la historia reciente de México se habla con frecuencia de privatizaciones exitosas, pero también de historias negras sobre rescates de quiebras privadas con dinero público.
Hay casos muy sonados, como el rescate carretero y el rescate bancario, este último convertido luego en el famoso Fobaproa que hoy seguimos pagando todos los mexicanos.
Años antes, en 1981, también se dio el rescate del Grupo Alfa mediante un crédito de 12 mil millones de pesos otorgado por Banobras.
Por eso llama la atención que el gobierno solicite al Congreso del Estado le autorice una deuda por casi cinco mil millones de pesos para comprar todas las unidades de transporte urbano.
El gobierno estatal pretende rescatar a los transportistas con cinco mil millones de pesos de dinero público que se embolsarán y se irán felices a sus casas, mientras todos los ciudadanos pagaremos el crédito más intereses durante 20 años.
La solicitud está llena de contradicciones, primero porque el estado renuncia a su facultad de requisar y otorgar las concesiones a nuevas empresas que se hagan cargo de brindar el servicio y de negociar con cada empresario las condiciones de transferencia de los camiones.
Segundo porque la solicitud de endeudamiento es por 20 años, más allá de la vida útil de 10 años que la Ley del Transporte concede a las unidades.
O sea que si el Congreso autoriza ese disparate, los usuarios tendrán que aguantarse 20 años con camiones chatarra que se pagarán con impuestos de todos, más el pago de las tarifas.
Demasiadas cortesías para un gremio camionero chantajista, mientras a los ciudadanos los dejan a pie y nadie los defiende, ni les repondrá las horas hombre perdidas.
Los diputados deberán aprobar o rechazar antes del próximo miércoles 15, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones, una propuesta del Ejecutivo que suena más a ocurrencia y a chantaje para aumentar las tarifas, que a una solución seria.
Traducido: Manuel González y Jorge Longoria perdieron la pelea con los transportistas.
