El dictamen que el Senado de la República votó ayer –al momento de escribir estas líneas desconozco el resultado–, sobre la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en labores de seguridad, como toda reforma constitucional, contiene avances y retrocesos. Empecemos por los primeros:
A).- El Ejecutivo federal, en los informes semestrales que sobre dicha participación presentaría al Congreso, señalará las entidades federativas donde esta presencia ya no sea requerida; B).- el Senado amplía sus facultades para analizar y evaluar anualmente, ya no solo las actividades de la Guardia Nacional, sino que además las de las FFAA en labores de seguridad pública; y C).- reitera a los gobernadores la obligación –que seguramente ninguno cumplió– que el decreto del 26 de marzo de 2019 les estableció para informar anualmente al Consejo Nacional de Seguridad Pública (ahora además a las legislaturas locales), sobre el fortalecimiento de sus policías estatales y municipales; y, se les precisa establecer un fondo de apoyo -similar al federal- para las policías de los municipios con menor población y mayor grado de marginación.
Veamos ahora los retrocesos: 1.- los informes semestrales que el Ejecutivo Federal debe presentar sobre la disposición de las FFAA en tareas de seguridad, convierten en normal, permanente y rutinario, lo que era extraordinario; 2.- se pospone a 2024 el fondo federal de apoyo a entidades federativas y municipios para el fortalecimiento de sus policías; y, 3.- se difiere hasta el primer semestre del 2023 el establecimiento de una comisión bicameral para analizar los informes que presente el Ejecutivo.
Con todo y los retrocesos, es mejor que se apruebe, a continuar en la discrecionalidad; sin fondos federales para las policías locales, y con gobernadores relevándose de su responsabilidad en seguridad. Además, si se aprueba ya no había la anticonstitucional consulta sobre la participación de militares en tareas de seguridad pública.
Finalmente dos verdades: una, con esta reforma o sin ella, las FFAA seguirán participando en labores de seguridad mientras la SCJN no supere la jurisprudencia de la acción de inconstitucionalidad 1/96, con la cual desde 1996 todos los gobiernos han justificado la presencia militar en seguridad pública; y, dos, si no se aprueba, los principales beneficiarios serán los gobernadores, ya que para ellos lo mejor es que la Federación sea la responsable de la seguridad y de cobrar impuestos.
Javier Hurtado
