Tantos errores, tan importantes y tan seguidos, en los que se han embarcado los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, deberían hacer entrar en razón al Presidente de la República y analizar también qué es lo que está pasando con su Consejería Jurídica que, en vez de actuar como órgano de control interno que sujete al principio de legalidad y constitucionalidad todos sus actos y decisiones, lo que hace es meterlo en aventuras políticas y jurídicas, de las que últimamente no ha salido bien librado.
Primero fue la suspensión definitiva con efectos generales de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica; el viernes pasado un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió en favor del Congreso de Tamaulipas el caso del desafuero del gobernador de ese estado; antier dos jueces dejaron sin efecto las reformas a la de la Ley de Hidrocarburos; y, en los últimos días jueces han estado concediendo amparos a particulares contra el registro telefónico con datos biométricos.
Estas cuatro derrotas súmese la cancelación de las candidaturas de su partido en Guerrero y Michoacán; y la acción de inconstitucionalidad pendiente de resolver en contra de la ampliación del período del Presidente de la SCJN.
De todos los casos anteriores, el de Tamaulipas es de la mayor importancia para el federalismo y el futuro de las relaciones Federación-estados: ante la expedición en 1978 de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 Constitucional -que vino a terminar con la práctica de que los presidentes de la República ordenaran al Senado declarar desaparecidos los poderes de un estado (y que lo intentó este gobierno en octubre de 2019 en Guanajuato y Tamaulipas)– el Presidente y su mayoría en la Cámara de Diputados pretendieron convertir el párrafo quinto del 111 Constitucional en el nuevo instrumento centralista para destituir gobernadores, como en el pasado lo hiciera Lázaro Cárdenas con nueve y Luis Echeverría con dos.
Afortunadamente, la torpeza de los asesores del Presidente y el profesionalismo de algunos integrantes del Poder Judicial de la Federación, han hecho posible que iniciativas inconstitucionales de la 4t no se convirtieran en realidad, alterando más el equilibrio entre poderes y las relaciones entre órdenes de gobierno. ¿Seguirá actuando así el Poder Judicial?
Javier Hurtado
