Dos interpretaciones existen sobre el curso que debe seguir el procedimiento de Declaración de Procedencia instaurado en la Cámara de Diputados (CD) al Gobernador de Tamaulipas:
1).- Que dicha declaratoria se debe remitir a la Legislatura local “para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y, en su caso, ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal”, según se establece en el Artículo 111 Constitucional y en el 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La frase “en su caso”, hace suponer que la Legislatura puede desestimar dicha declaratoria y no conceder el desafuero.
2).- Que la declaratoria de la CD es una orden al Congreso local, para que despoje de su inmunidad procesal al inculpado y lo ponga a disposición del Ministerio Público Federal, como ocurrió en junio de 2016 con la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez López. En esta interpretación no se le reconoce al Congreso local la facultad de decidir si quita o no el fuero al inculpado.
En la primera interpretación queda a salvo la soberanía del estado. En la segunda se pasa por encima de ella; y no queda claro por qué entonces el legislador aprobó incluir ese comunicado a la legislatura local. Se entiende que si el Congreso local representa la voluntad popular, corresponde a él retirar el mandato de un cargo estatal.
El pasado 2 de marzo el Congreso de Tamaulipas aprobó reformas legales para establecer que corresponde a ellos conceder o negar el desafuero. En tal virtud, la CD acordó el pasado jueves presentar una Controversia Constitucional por la invasión de su facultad exclusiva para declarar la procedencia penal contra servidores públicos, y por la vulneración al principio de que su resolución es “definitiva e inatacable” (solo en el caso de funcionarios federales).
Si la Suprema Corte concede la razón a la CD, se estaría sentando un grave precedente para la politización de la justicia y para que desde el centro se destituya a gobernadores incómodos.
En esa interpretación queda a salvo la soberanía del estado
Si da la razón al Congreso de Tamaulipas, los gobernadores se sentirían impunes, al menos durante su mandato, ya que no se excluye la posibilidad de procesarlos al término del mismo. La moneda está en el aire.
Javier Hurtado
