Dice el INE que los mil 567 millones que ya tiene le son insuficientes para organizar la consulta sobre revocación de mandato. Piden mil 738 más, con un costo de tres mil 300 millones, incluido el descuento de 523 realizado. Si con la que ya disponen instalaran las 161 mil 025 casillas de junio pasado, cada una costaría nueve mil 731 pesos; y, con la cantidad total que solicitan sería de 20 mil 493 pesos. Evidentemente, ambas cifras son sumamente elevadas.
Por eso, no se entiende el empecinamiento de realizar algo que no es necesario (dados los altos niveles de aprobación presidencial), como tampoco aferrarse a realizarlo a ese precio, con criterios y procedimientos de hace 30 años (como contratar 32 mil 400 capacitadores y cinco mil 400 supervisores). Es cierto que los procedimientos no los pone el INE, sino el Congreso. Por lo mismo, es lamentable que el debate, en vez de ser sobre cómo modificar esos criterios sin violar la ley, se entre en una estira y afloja por el dinero y se nieguen a una reforma electoral que cambie procedimientos.
La disputa por el dinero es lo aparente, en el fondo tres son las causas: 1.- El poder: ver a final de cuentas quién cede, porque tan no es cierto que el INE no tiene más dinero y que no puede instalar las casillas con lo que tiene, ni que Hacienda si les da lo que pide debe sacrificar otros programas.
2.- una supuesta misión histórica: unos, guardianes de la democracia (el INE); y otros, sus impulsores (el gobierno).
3.- La disputa por el 24: el gobierno quiere utilizarla como precampaña, y los del INE se oponen porque seguramente traen su “tapado” como independiente para las elecciones presidenciales.
Es de lamentarse el maniqueísmo con que es interpretado el conflicto, donde unos son las víctimas y los buenos (el INE), y otros los verdugos y los malos (el gobierno). Aferrarse a hacer elecciones con criterios de hace 30 años es como definirse por las energías fósiles y no por las limpias.
Urge una reforma política que reduzca el período presidencial a cuatro años para evitar revocatorias a los tres; y que introduzca la austeridad y simplicidad como principios rectores de la función electoral. ¿Hasta cuándo?
Javier Hurtado
