Solo en nuestro país la autonomía de sus organismos públicos es asumida como sinónimo de extra territorialidad e inaplicabilidad de la Constitución en sus principales integrantes. El pasado día 8 del presente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desconociendo el Presupuesto 2019 aprobado por la Cámara de Diputados, resolvió aumentar el sueldo a siete de sus ministros, se los disminuyó a cuatro; y se los elevó a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Ahora el INE, muy a tono con esa interpretación -además de violar el Artículo 127 Constitucional al tener también sus Consejeros un sueldo superior al del Presidente- acaba de anunciar que no van a enterar a la Secretaría de Hacienda el impuesto sobre la renta que retienen a todos sus empleados, para de esta manera “cobrarse a lo chino”, 613 millones que dicen necesitar para organizar las elecciones en las cinco entidades federativas que tendrán comicios el presente año, y “recuperar” parte de los 950 millones que se le disminuyó al INE en el PEF 2019. Así es como aplican el principio de legalidad que están obligados a observar y cumplen con su obligación Constitucional de promover la educación cívica. Obsérvese que en vez de disminuirse el sueldo y respetar la Constitución, prefieren violar la ley, y hacerse “justicia” por su propia mano. A ellos, como a la SCJN, nadie les dice ni puede decirles nada. Son intocables.
Es por esto que México, en el Índice de Estado de Derecho 2018 del World Justice Project, aparece en el lugar 92 de 113 países, después de Uzbekistán, y antes de Sierra Leona, compartiendo los últimos 21 lugares con Nicaragua, Venezuela, Camboya, Afganistán o Egipto. Incluso, El Salvador y Belice se encuentran mejor posicionados que México, al ocupar los lugares 79 y 81, respectivamente. En ausencia de corrupción estamos en el lugar 102, en justicia civil en el 100, y en justicia penal en el 105, con todo y nuestro nuevo sistema acusatorio adversarial. No deja de ser sino una enorme ironía que los encargados de interpretar la Constitución y velar por su correcta aplicación (SCJN) sean los que de manera impune la violan; y que, los responsables de aplicar el principio de legalidad y difundir la cultura cívica (INE), sean los que cínicamente anuncien que dejarán de enterar un impuesto que retienen y promuevan la defraudación fiscal. La corrupción y la impunidad se alimentan de ausencia o debilidad del Estado de Derecho. Nuestro principal problema no es la corrupción en sí misma, sino la ostensible precariedad de nuestro Estado de Derecho. Tan corruptos y violadores de la Constitución son los que roban gasolina, como los ministros de la Corte y los Consejeros del INE que roban a la Nación. La única diferencia es que los primeros arriesgan la vida y los segundos tienen fuero.
