Es de preverse que el próximo martes la iniciativa de reforma electoral del Presidente sea rechazada en la Cámara de Diputados, y no pueda volver a presentarse hasta después de las elecciones de junio de 2024. No obstante, se recurrirá a la modificación de leyes secundarias (Plan B) para tratar de sacar por ese medio lo que sea posible, antes del próximo 15 de diciembre. En tal virtud, conviene reflexionar sobre esta experiencia y las necesarias modificaciones que quedarán postergadas.
Siendo la materia electoral del mayor interés público (como ha quedado demostrado), ¿qué no sería conveniente quitar la restricción contenida en el 35 Constitucional de que lo electoral no pueda ser objeto de Consulta Popular? Mantenerla equivale a conservar como coto exclusivo de los partidos políticos esa materia; y, por ende, la integración de la representación política. Los partidos nunca van a aprobar algo que vaya en contra de sus intereses, aunque el pueblo así lo quiera. Lo electoral no puede ser asunto exclusivo de los partidos y sus líderes.
Si para aprobar una reforma Constitucional es necesario el voto de las dos terceras partes de los senadores y diputados, este habría de ser de los integrantes de cada Cámara, y no de los presentes. Además,su discusión y análisis debería ser en sesión conjunta de Congreso General, y no por separado.
Respecto a los temas que es necesario revisar -y que lamentablemente se pospondrán al menos dos años- destaco: A).- revisar no solo el número y forma de elección de los consejeros electorales, sino que además si vamos a ir a un solo organismo electoral, o regresar a un IFE y los 32 organismos locales; B).- si deben seguirse manteniendo en cada ámbito de gobierno dos organismos electorales: uno administrativo y otro jurisdiccional; o, si transitamos a un solo organismo que conjunte ambas funciones, como existe en otros países; C).- Si se va a reducir el tamaño de ambas Cámaras, en la de Diputados se debe conservar la proporción 40% de RP y 60% de MR (por ejemplo 260 y 140, respectivamente); y en el Senado, eliminar no solo el de RP, sino que también el de primera minoría, para que este sea designado por las legislaturas locales a propuesta del gobernador; o de plano suprimir ambos senadores y regresar a dos por cada entidad federativa.
Javier Hurtado
