Diversas son las opiniones que generaron las candidaturas independientes desde el triunfo de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” en la gubernatura por Nuevo León, como una nueva forma de participación en los procesos democráticos sin el respaldo de un instituto político. Entre las más lógicas destaca el hecho de que este tipo de postulaciones necesitan forzosamente un poder económico que las financie y que de obtener el cargo, no garantizan que sus gobiernos sean eficaces y alejados de la demagogia y el clientelismo con el que operan los tres niveles de administración pública actualmente en México.
Algunos más se aventuran a señalar que los independientes significan un “jalón de orejas” para los partidos y los políticos, una postura que parece más bien esconder una realidad que pocos reconocen: la crisis de credibilidad que vive el sistema democrático del país, específicamente las cúpulas partidistas y quienes los dirigen, operan y conforman, debido a un sinfín de promesas incumplidas y nulos cambios en la calidad de vida de los mexicanos.
En las elecciones locales que se avecinan en Hidalgo, los candidatos independientes contarán con un marco legal que les permitirá entrar en la competencia, sin embargo en un escenario desigual, si es que realmente dichas postulaciones obedecen a ciudadanos genuinos, ajenos a intereses particulares y poderes políticos, un tema que los electores deberemos revisar minuciosamente cuando se nos presente el abanico de aspirantes independientes a las diputaciones locales, ayuntamientos y a la propia gubernatura.
No se trata de poner en duda de que existan perfiles verdaderamente autónomos, ciudadanos con vocación de servir y amplias convicciones por querer cambiar las formas y maneras en las que se administra y ejecuta el poder público, sino de revisar que quienes soliciten su participación en los procesos electorales concurrentes no tengan vínculos con políticos y grupos políticos de poder, y que las leyes locales verdaderamente le garantice a cualquier ciudadano “de a pie” acceder a esta posibilidad de ejercer un derecho constitucional, votar y ser votado tal y como se estableció desde la promulgación del marco legal del país en 1857.
Desde entonces diversos son los candados que los legisladores y políticos en turno han interpuesto entre los ciudadanos y su derecho a postularse, así que las leyes “anti bronco”, no son un tema actual sino un mecanismo permanente para imposibilitar a “cualquiera” a participar en una contienda electoral en el mismo escenario y bajo las mismas condiciones que los candidatos partidistas.
El próximo martes 15 de diciembre comenzará oficialmente el proceso electoral concurrente en Hidalgo con la instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral; el 29 de diciembre vence el plazo para que los ciudadanos que pretendan postularse como candidatos independientes a la gubernatura manifiesten su intención ante el organismo y hasta ahora, nadie lo ha hecho oficialmente.
Si bien la postulación de una candidatura independiente en el proceso electoral de diputados federales fue el termómetro para medir la fuerza de este tipo de postulaciones, al lograr un segundo lugar en el distrito que conforma la zona metropolitana de Pachuca quedó demostrado que la ciudadanía sí busca nuevas caras y candidatos ajenos a los partidos, pero la principal pregunta en aquella elección es ¿realmente el primer candidato independiente en la historia de Hidalgo, hubiera logrado ese segundo lugar por debajo del candidato priísta sin el respaldo de uno de los grupos políticos más fuertes de la entidad? Sin duda habrá más postulaciones independientes el próximo año.
@JanetBaS
