En la región central del país, en los estados de Puebla y Tlaxcala, los migrantes que provienen de Centroamérica, Sudamérica y de otros países, son víctimas de violencia, discriminación y diferentes violaciones a sus derechos humanos.
De acuerdo con el informe 2021-2022 de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), el paso de los seres humanos que buscan mejores condiciones de vida se desarrolla en medio de una clandestinidad, situación que se traduce en un riesgo.
Sara López Cerón, coordinadora de documentación y análisis de la Redodem, alertó que, las violencias que enfrentan los migrantes, entre ellos, los que pasan por los estados de Puebla y Tlaxcala, atentan contra su vida y dignidad.
La violencia contra la población en tránsito forma parte de un engranaje que responde a políticas que vulneran los derechos de las personas.
“Se han identificado diversas formas de violencia, como políticas de detención en masa, supuestos rescates que son detenciones, salvaguardas que ponen a las personas en riesgo, recuperación de cadáveres, detenciones arbitrarias y más”, lamentó López Cerón.
La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes que está compuesta por más de 20 casas y albergues de sociedad civil, suma más de una década documentando datos relacionados con la migración en México.
En su oportunidad, Sergio Luna Cuatlapantzi, director del Albergue La Sagrada Familia de ayuda humanitaria en Apizaco, Tlaxcala, explica que las agresiones contra los llamados “sin papeles” son una realidad constante.
“La clandestinidad en la que las personas se ven obligadas a transitar por nuestro país las expone a una enorme cantidad de violencia y agresiones hacia ellas y violaciones de sus derechos”, explicó el director del albergue ubicado cerca de las vías del ferrocarril conocido como “La Bestia”.
El informe resalta la tendencia creciente de la presencia de diferentes tipos de violencia contra la población transmigrante, es decir, de aquellas que buscaban mejorar condiciones de vida, pese la militarización en la gestión de flujos migratorios y la impunidad generalizada.
Al final, la violencia contra los transmigrantes, es decir, las personas que están en condiciones de movilidad con destino a Estados Unidos, proviene del crimen organizado y, también, de prácticas de instituciones mexicanas.
