El tráfico de personas y, en particular, de migrantes indocumentados por las carreteras que cruzan el estado de Puebla es una realidad, fenómeno que está en fase de crecimiento y en el que participan integrantes de grupos delictivos que cuentan con una red de contactos y de comunicación.
La detención de 125 migrantes en una caravana de ocho unidades que circulaba en la autopista Puebla-Oaxaca el pasado 27 de agosto, es una muestra del nivel que tienen los grupos delictivos para el delito relacionado con el traslado de personas.
De alguna manera, a los llamados “coyotes” o traficantes de personas les salieron mal las cuentas y por alguna razón, la caravana estaba regresando a la capital de Oaxaca por la autopista. Un total de 25 personas extranjeras eran transportadas ilegalmente en ocho camionetas de pasajeros que viajaban en caravana por la carretera Cuacnopalan-Oaxaca.
En el operativo implementado por elementos del Instituto Nacional de Migración, se les solicitó a los conductores de los vehículos detener su marcha a la altura de San Pablo Huitzo, en dirección a la capital oaxaqueña.
Tras las revisiones, al interior de las unidades viajaban un total de 125 personas migrantes provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, mismas que no pudieron comprobar su estancia regular en territorio mexicano.
Llama la atención que entre los migrantes detenidos viajaban cinco menores de edad no acompañados, de ellos, tres son niñas y dos niños; así como 54 integrantes de diversos núcleos familiares y 66 adultos solos, 39 mujeres y 27 hombres.
Aunque la información brindada por las autoridades migratorias deja diferentes dudas sobre el operativo implementado, el hecho de que la caravana se dirigía a la capital de Oaxaca y no hacia Puebla o hacia algún otro destino ubicado en la frontera norte del país, revela un fenómeno complejo y rodado por corrupción.
Sin duda, la estructura que manejan los tratantes de migrantes en territorio mexicano es amplia, compleja y no solo buscan obtener beneficios económicos, sino ir más allá y controlar la vida de las personas.
El problema es complejo y es momento de que se implementen acciones por parte de las autoridades de los tres niveles, en conjunto con la sociedad, para contrarrestar el tráfico de personas que pone en riesgo la vida misma.
