Los grupos migrantes radicales están llevando su movimiento y sus protestas para exigir visas humanitarias al gobierno de México a un punto en el que pueden perder el apoyo y el respaldo de la sociedad civil.
Una parte importante de la sociedad apoya a los migrantes y está a favor de que se les faciliten los trámites para que puedan transitar por territorios mexicano sin ser detenidos por los elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), por policías o por miembros de la Guardia Nacional.
Ese respaldo de parte de la sociedad hacia los migrantes puede terminarse ante protestas que afecten vías de circulación, ante manifestaciones que compliquen la vida a los pobladores. El 2 de noviembre de este 2021, más de 200 migrantes provenientes de Haití bloquearon durante una hora la autopista Tapachula-Arriaga. Su objetivo era llamar la atención de las autoridades mexicanas para exigir que les otorguen la visa humanitaria.
De acuerdo con los pobladores de la zona, a unos cuatro kilómetros de la población de Arriaga, un grupo de transportistas afectados por el bloqueo de la vialidad, muchos de ellos con palos, tubos y machetes, comenzaron a organizarse para desalojar a los migrantes.
El cierre de la vía a la altura del kilómetro 57 más 300, frente al módulo móvil del Instituto Nacional de Migración (INM) y la base de la Guardia Nacional, desencadenó la molestia de los transportistas, quienes, al final, lograron liberar la vida en medio de un choque que no dejó víctimas.
El enfrentamiento entre transportistas no puede perderse de vista porque se trata integrantes de la sociedad civil que, al verse afectados por la protesta, decidieron ponerse en contra de la lucha que mantienen parte de los migrantes.
Los organizadores de las caravanas y las organizaciones no gubernamentales que apoyan a los migrantes no pueden perder de vista que una protesta que genere afectaciones a la sociedad puede traer consecuencias.
Las manifestaciones de todos los seres humanos, sin importar su lugar de origen, edad, sexo o condición social son válidas y merecen el respeto de todos. Al mismo tiempo, quienes encabezan marchas y protestas están llamados a conducirse con respeto a la sociedad.
El tema es delicado por las consecuencias que se pueden presentar. Los migrantes y quienes los organizan para protestar, no pueden perder de vista que, si afectan a la sociedad civil, perderán el respaldo social mexicana que, también, tiene en la sangre el deseo de migrar para mejorar sus condiciones de vida.
Jaime Zambrano
