En medio de la cuarta ola de contagios de la covid-19 y los efectos económicos que está dejando en México y países centroamericanos, Estados Unidos prepara un bloqueo contra una llegada histórica de migrantes.
La falta de oportunidades labores y los problemas de inseguridad están obligando a que un mayor número de personas decida salir de sus lugares de origen con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida en el país vecino del norte.
Aunque el gobierno del presidente norteamericano, Joe Biden, no planea continuar con la construcción de un muro fronterizo en sus límites con México como lo impulsó Donald Trump, se está diseñando una estrategia para reforzar las estrategias para detener el ingreso de migrantes de forma ilegal.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se prepara para poder realizar hasta nueve mil detenciones de indocumentados al día en su territorio, lo cual, sería el peor escenario en los últimos años.
Durante el pasado año fiscal, Estados Unidos detuvo a más de un millón 700 mil migrantes indocumentados, cifra que representó un récord y que podría superarse ante las dificultades que se presentan en países centroamericanos.
En promedio, los arrestos diarios de migrantes promediaron alrededor de seis 500; sin embargo, para esta ocasión se espera que pueda registrarse un aumento de 30 por ciento por una combinación de factores y el aumento de los deseos de cumplir el llamado “sueño americano”.
Uno de los temas pendientes por resolver en Estados Unidos es la atención que se brinde a los menores migrantes no acompañados, ya que son quienes más sufren ante el aumento de los migrantes en las estaciones.
Por ahora, durante el primer año del gobierno de Joe Biden, se mantiene el decreto que estableció Donald Trump, para que las autoridades puedan expulsar de forma inmediata y sin ningún análisis mayor a los migrantes detenidos en la frontera durante la pandemia de Covid-19, bajo el argumento de un riesgo sanitario.
La situación se aprecia complicada en materia de migración indocumentada, tanto para la administración federal del país vecino del norte como para los gobiernos de México y Centroamérica, así como de países africanos y de Sudamérica.
En América y, en diferentes partes del mundo, se enfrenta el reto de ofrecer condiciones de seguridad y laborales adecuadas para evitar una mayor expulsión de seres humanos que lo único que buscan es mejorar las condiciones de vida de sus familias en un entorno marcado por la covid-19 y las variantes.
Jaime Zambrano
