Los taxis tipo Uber, DiDi, Beat o Cabify NO podrán recoger pasajeros en Santa Lucía, así respondió el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Isidoro Pastor Román, a la pregunta de si las plataformas digitales de transporte privado podrán dar servicio en el nuevo aeropuerto.
Esa negativa revivió las preocupaciones de los futuros usuarios sobre cómo recorrer los 45 kilómetros que hay entre Ciudad de México, donde reside la mayoría de los viajeros aéreos, y la nueva terminal que abrirá sus puertas el 21 de marzo.
El presidente López Obrador ha respondido que ese viaje podrá hacerse mediante el Mexibús o la ampliación del tren suburbano, que tendrá un ramal para ello, pero no ha dicho —o incluso no lo sabe— que ese ferrocarril solo dará servicio hasta mediados o fines de 2023, pues su construcción apenas comenzó, y que el Mexibús va más que retrasado. Mientras tanto, los viajeros tendrán que arreglárselas como puedan.
Esa decisión reabrió el debate sobre el monopolio de los taxis de los aeropuertos en México que permite la obsoleta Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y que alimenta un sistema corrupto de licencias, placas federales, concesiones y sindicatos de transportistas que abusan de quienes tiene que usar sus servicios.
En esas redes suelen estar involucrados los secretarios de Gobierno o de Comunicaciones de los estados, cuando no los propios gobernadores que, solícitos, ordenan operativos y piden apoyo de la Guardia Nacional para impedir que otro servicio entre a competir con los “taxis autorizados”.
Aunque sería sencillo acabar con esas prácticas que no existen en ningún aeropuerto del mundo, heredadas del priismo, hasta ahora ni los legisladores de Morena ni la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se han interesado por mejorar el funcionamiento de las terminales aéreas.
Hasta el Presidente, que no viaja en Uber ni en taxi, ha preferido mantener ese statu quo. A pesar de presumir el uso de vuelos comerciales, él, como la mayoría de los políticos y funcionarios que usan los aeropuertos, nunca contratan los servicios de taxis ni de Uber, pues siempre tienen escoltas, choferes y ujieres que les carguen el portafolios.
No se trata de un problema desconocido, por supuesto, está a la vista de todos. Tanto así que la Comisión Federal de Competencia Económica ha impuesto sendas multas por estas prácticas monopólicas a los aeropuertos de Cancún y Ciudad de México. En 2019, por ejemplo, sancionó al primero con una multa de 72 millones de pesos, por impedir la entrada de la competencia y generar “un daño al mercado de aproximadamente 98 millones de pesos, resultado de un sobreprecio promedio estimado de 8 por ciento que afectó varios millones de viajes”.
También hubo multas parecidas en 2013 y 2017 además de recomendaciones, en 2016, al gobierno federal para que modifique la ley de caminos y su reglamento. En lugar de optar por un modelo de transporte público, dice la Cofece, los aeropuertos nacionales “optaron por un modelo de acceso a unidades de transporte terrestre restringido y exclusivo”, que genera monopolios y hasta contaminación, pues los taxis de los aeropuertos tienen que regresar vacíos a la terminal.
@hzamarron
