Siempre hay maneras distintas de contar una historia, como ocurre con la del etiquetado frontal de alimentos, que puede ser vista como una forma de mostrarle al empresariado, desde el gobierno de López Obrador, qué puede ocurrir si a los propietarios de esas empresas de consumo masivo se les ocurre financiar y apoyar campañas de la oposición rumbo al 2021 y 2024.
Así la cuentan algunos de estos empresarios y periodistas que se prestan a servir de voceros de los productos chatarra y el veneno embotellado, sin importarles el enorme problema de salud que han provocado esas ventas y los cambios en los patrones de salud que han hecho de las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte en México.
El Consejo Coordinador Empresarial asegura que el etiquetado y la prohibición de venta de comida chatarra a los menores afectarán toda la cadena productiva, versión a la que se suma el Consejo Nacional Agropecuario, en sus intentos por frenar este cambio de fondo en la política agroalimentaria que fue adelantado por el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo.
Se trata de intervenir en todos los aspectos del sistema alimentario para evitar que sigamos como el país número uno en el mundo en obesidad infantil, con lo que esto significa en vidas truncadas, años perdidos y menores enfermos del corazón, del hígado, de sus riñones, niñas y niños que requieren de diálisis, trasplantes, amputaciones, cuyas rodillas se desgastan desde temprana edad por el sobrepeso, del inicio de procesos inflamatorios que los harán víctimas del covid-19. El sobrepeso también provoca en niñas y niños trastornos depresivos y baja autoestima por su imagen corporal.
Así que el acuerdo, más allá de esa lectura electoral que hacen los empresarios, es que producción, transformación, transporte, comercialización, publicidad y consumo de alimentos tenga por completo una nueva dinámica, que lleve a una población más sana y a finanzas públicas sin la enorme carga que significa atender esas enfermedades crónico-degenerativas.
De ahí la creación del Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (Gisamac), en donde participan ocho secretarías, cinco dependencias y organismos internacionales.
La regulación que prepara este grupo no es solo al consumo, también la producción, por eso se acotó uno de los plaguicidas más usados y también más tóxicos y cancerígenos que se conocen: el glifosato. Detrás de él vienen otros, herbicidas, fungicidas, insecticidas, granjas porcícolas y avícolas, etc.
Detrás de esta transformación hay años de publicaciones de estudios en revistas arbitradas, activismo social, preocupación de investigadores de la salud, autoridades del sector y miles de esfuerzos más que sí se dan cuenta de la gravedad de la epidemia de obesidad y sobrepeso que azota a la población.
No se trata de elegir entre la salud y la economía, sino de actuar, por primera vez en años, de manera efectiva, así más que a la versión empresarial, interesada y cabildeada entre periodistas de negocios por los voceros empresariales, me quedo con la versión de la salud. Hace mucho más sentido.
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