A Miguel Ángel Morales, con la esperanza de que algún día se te haga justicia.
La Constitución Política de México establece que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos establecidos por las leyes, y que esta debe resolverse de manera pronta, completa e imparcial.” Es decir, la frase: "la justicia debe ser pronta y expedita" está consagrada como un mandato constitucional. Este principio se encuentra en el artículo 17 de la Constitución, el cual establece de manera clara que la administración de justicia debe ser pronta, completa e imparcial.
Sin embargo, esto, como muchos de los principios constitucionales, es más una aspiración y una utopía que una realidad. Quienes son abogados litigantes no me dejarán mentir. La justicia en México puede ser todo, menos pronta y expedita. Si no eres influyente o tienes recursos económicos, los asuntos simplemente no avanzan.
En los tribunales y juzgados existe una carga importante de trabajo y acumulación de expedientes, que terminan por perderse en el limbo. Y esto en el mejor de los casos, ya que la gran mayoría de las carpetas de investigación (CI) a cargo de las Fiscalías Estatales o la Federal, no se judicializan; aproximadamente, solo el 10.7% se presentan ante un juez con la evidencia suficiente para poder proceder contra los probables responsables.
Las estadísticas sobre la procuración de justicia en México entre 2020 y 2023 revelan un panorama complejo y sombrío. Durante este período, el número de carpetas de investigación iniciadas ha aumentado de 1,528,168 en 2020 a 1,800,000 en 2023. Sin embargo, la proporción de estas carpetas que son judicializadas sigue siendo baja, pasando de 114,053 en 2020 a 145,000 en 2023. A su vez, un gran número de carpetas son archivadas sin resolver, con cifras que aumentaron de 477,456 en 2020 a 520,000 en 2023, y muchas otras se resuelven sin proceder judicialmente, incrementando de 236,811 a 250,000 en el mismo periodo.
Este escenario alimenta y refleja la alta percepción de impunidad entre la población, que, aunque ha disminuido ligeramente, se mantiene elevada, pasando del 92.4% en 2020 al 90.0% en 2023. Estos datos indican una necesidad urgente de mejorar la eficiencia y efectividad del sistema de procuración de justicia en el país.
Ante este panorama, podemos afirmar que en México la justicia no es ni pronta ni expedita. Todo queda en las buenas intenciones del constituyente permanente (congreso general y congresos locales) que plasmó en la Constitución un decálogo de aspiraciones. De ahí radica la importancia de que la Reforma Judicial anunciada vaya de la mano con una reestructuración de fondo, y no solo de forma, en las fiscalías. Esta debe estar acompañada de una profesionalización real y focalizada entre quienes forman parte de las fiscalías en el país. Ejemplos de su mal desempeño hay muchos, y no me alcanzaría esta columna para enumerar lo que es de dominio público.
Hay una máxima: si quieres resultados diferentes, no sigas haciendo las cosas igual; no repitas patrones de conducta y vicios. Si queremos acabar con la impunidad, es necesario hacer cambios profundos en la procuración e impartición de justicia en México.
