Ayer López en uso de sus facultades nombró como ministro a Lenia Batres Guadarrama, primera designada directamente por el presidente, a partir del actual procedimiento para la designación de ministros que deriva de la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, queda claro que de las reprobadas por el Senado es, sin duda alguna, la que garantiza, sin ningún pudor, defender las ideas de AMLO y de Morena en la SCJN, no obstante que muchas de ellas sean inconstitucionales.
En su comparecencia en el Senado plasmó ideas que lamentablemente indican que así será su actuar, lo que diga Pejeova es sagrado. Con lo primero que abrió, salió con que los ministros no tienen justificación para ganar más que el presidente, olvidando que cualquier empleado percibe no solo su salario nominal, sino que además este se integra con todas las prestaciones adicionales que le otorga el Patrón, en este caso el Estado Mexicano, y eso incluye, además de su salario las prestaciones que en especie percibe MALO y su pareja, como es el vivir en Palacio Nacional, alimentación, clínica particular, etc. Por ello no debe opinar, sin estudiar el caso sobre el que se pronunciará en cada asunto. El hecho que haya emitido opiniones sobre asuntos que le tocará resolver implica que deberá abstenerse de votar cuando le asignen estos en la Corte, además ella litigaba los temas de la presidencia, entonces era parte de esos asuntos, donde destacó por la pésima redacción de sus escritos los cuales carecen de adecuada fundamentación y motivación.
Siguiendo las ideas de López declaró que los ministros deben ser nombrados en elección popular, aunque ella fue electa por dedazo y mantiene un claro sofisma de que “debe revisarse también la supremacía actual del Poder Judicial; es decir, la última palabra que conserva le interpretación de la norma constitucional para trasladar temas de interpretación netamente política o de notorio contraste filosófico hacia los órganos representativos del Estado, para que la interpretación judicial sea aquella que no distorsione la comprensión básica de cada derecho”. Esta pretende que la Corte avale leyes y actos inconstitucionales simplemente por ser emitidos por el Congreso de la Unión, pretende poner límites en el alcance de sus interpretaciones, señala que: “el Poder Judicial se ha distinguido por avalar temas ominosos para el pueblo mexicano, reforma energética, reforma educativa, reforma laboral y, sigue una larga lista que hasta la fecha podemos remitir a la devolución o a la no devolución del dinero de 13 fideicomisos para apoyar a las personas damnificadas en el estado de Guerrero”. Luego entonces, el Poder Judicial, a juicio de la nueva ministra chaira, no debe tutelar la constitucionalidad de las leyes, simplemente porque las leyes de MALO, son sagradas y por ende nadie debe, ni puede analizar su constitucionalidad, en el expreso caso de la Reforma energética, claro que el paquete de leyes presentado por ANLO es inconstitucional y claro que ella lo sabe. ¿En el caso de los fideicomisos del Poder Judicial avala el robo de los mismos a pesar de que ahí hay dinero de los trabajadores? ¿Vale más el populismo que el estudio constitucional de las leyes promulgadas por el Congreso de la Unión sea quien sea el partido que gobierne?
Quiere que los integrantes del Poder Judicial se sometan a control administrativo como la rendición de cuentas y la transparencia, sanciones por rezago en sus resoluciones, control político como la presentación de comparecencias o informes, podría alguien avisarle que eso es competencia del Consejo de la Judicatura.
En el caso de su nombramiento, fue claro que los arreglos de Dante con Morena se les fueron de las manos porque los Senadores de MC no avalaron los arreglos de su pastor y por eso no lograron el consenso que se requería, pero fue bueno porque la responsabilidad de la pifia de su nombramiento es únicamente de López.
