Ya tenemos varios meses con importantes controversias entre López, las autoridades educativas y diversos especialistas educativos, científicos y la Unión de Padres de Familia derivados del contenido de los programas educativos y el contenido, diseño, impresión, y distribución de los llamados libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Uno de los principales motivos por los que los padres de familia rechazan su contenido, es por la polarización que se enseña a los alumnos, así como que, a juicio de estos, los libros buscan que los niños y niñas no desarrollen habilidades básicas como leer y que no aprendan matemáticas, además de un contenido claramente izquierdoso.
Por ello la Unión Nacional de Padres de Familia Asociación Civil interpuso el Juicio de Amparo bajo expediente 784/2023 que por razón de turno le tocó conocer a la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien el pasado 25 de mayo concedió a favor de la quejosa la SUSPENSION DEFINITIVA para efectos que, las autoridades responsables (Secretaría de Educación Pública y Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito), dentro de su esfera competencial, antes de continuar con la edición, impresión y entregade los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, verifiquen que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los programas y planes deestudio, y para la publicitación de los libros de texto gratuitos, que garanticen la intervención de los gobiernos estatales y de los especialistas en la materia educativa; así como de la puesta adisposición de aquellos libros en términos de lo previsto en la ley.
Un alto funcionario de la SEP confirmó que no se cumplieron a cabalidad los requisitos que marca la ley para la determinación de los programas, planes de estudio y contenido de los libros de texto, por lo que, de acuerdo a dicha suspensión se deben entregar a los alumnos los impresos para el periodo anterior 2022-2023. Las autoridades no dieron importancia a dicha suspensión definitiva por lo que el pasado 31 de julio les ordenó la juez de distrito que “….requiérase a la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Materiales Educativos y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, para que dentro del término de veinticuatro horas, acrediten con las constancias idóneas haber dado cumplimiento a la medida cautelar decretada …”, situación que es imposible ya que el texto de los libros y programas tendrían “que sean acordes con los programas y planes de estudio que hayan cumplido con las garantías reforzadas de intervención de gobiernos estatales y de la ciudadanía”
Para evitar que los ciudadanos nos enteráramos del procedimiento seguido la SEP para la aprobación de los contenidos de los libros de texto, “reservó”, curiosamente, la información por cinco años, como si fuera información de seguridad nacional, e inclusive en pruebas que ha exhibido en el juicio de amparo, alegan que es información confidencial. La pregunta que nace es por qué, si dicen que cumplieron con todos los requisitos que marca la ley para su publicación, ¿no los dan a conocer?
La propia Ley General de Educación (22) claramente señala que está prohibida cualquier “distribución, promoción, difusión, o utilización” de los libros de texto que no cumplan los requisitos de ley (ojo maestros, “utilización”).
Ahora bien, si los funcionarios de la autoridad educativa insisten en su actitud de ignorar la suspensión del amparo, se podrían hacer acreedores, previa promoción del incidente respectivo, de una pena de tres a nueve años de prisión, multa de quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de acuerdo a lo señalado en el articulo 262 de la Ley de Amparo.
O acaso también estos funcionarios opinan como López: “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley.” Ya basta que los funcionarios de la CuatroTé se burlen de las leyes que ellos mismos impulsaron.
