Cuando hablamos de ciberespacio, hablamos de “un entorno digital constituido por redes informáticas y de telecomunicaciones, en el que se comunican e interactúan las personas y permite el ejercicio de sus derechos y libertades como hacen en el mundo físico”, así lo definió la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019, y al hablar de este espacio y de los derechos humanos, cuidado de la propiedad intelectual, información sensible y personal de los usuarios y patrimonio de estos, tenemos que hablar también de la ciberseguridad que la OTAN la define como la aplicación de medidas de seguridad para proteger las infraestructura de los sistemas de información y comunicaciones frente a los ciberataques”
Somos, principalmente por falta de cultura, uno de los países mas atacados por una nueva figura de delincuentes,que ahora clasificamos como ciberdelincuentes, y cuando los ataques ya atentan contra el Estado, podemos hablar de ciberterrorismo.
El problema es enorme, solo al final del sexenio de Peña Nieto, México reportaba que el cibercrimen costaba a México más de 3 mil millones de dólares al año, generando estos delitos cibernéticos un daño económico mayor al del crimen organizado en conjunto, lo que nos ubicaba en el lugar 17 a nivel mundial con más perdidas en el rubro.
Por ello Peña Nieto implementó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad al comprender que la ciberseguridad es un tema de seguridad nacional, que afecta tanto al ciudadano, como al sector público y privado, por lo que tenía que ser visto como una prioridad en los planes y proyectos del gobierno, pero lamentablemente el gobierno de López no lo entendió y tiro todo el esfuerzo en este tema por la borda, al no darle seguimiento a los programas e iniciativas de ciberseguridad que se habían estado desarrollando en México durante los últimos años.
Dicen que “Ahogado el niño, a tapar el pozo”, pero esto no lo entendieron en la CuatroTé ya que los ciberdelincuentes les han intervenido bases de datos de Pemex, del Banco de México, de la Secretaría de Economía, de la CFE, y el colmo, recientemente las bases de datos de la Defensa Nacional.
Desde el inicio del sexenio debieron tomar activamente la Ciberdefensa, entendida esta como el “Conjunto de acciones, recursos y mecanismos del estado en materia de seguridad nacional para prevenir, identificar y neutralizar toda ciberamenaza o ciberataque que afecte a la infraestructura científica nacional”
Nuestro país tiene la obligación de proteger su soberanía nacional de cualquier amenaza que pudiera poner en peligro la seguridad de su territorio, su infraestructura o su nación, cosa que ignoró, insisto, el gobierno actual. Ya desde enero del presente año la Auditoria Superior había advertido a la Sedena, que la confidencialidad de su información se encontraba en riesgo, y que además no contaban con un protocolo de actuación ante la posibilidad de ataques cibernéticos.
Por no atender, un grupo internacional de hackers autonombrado Guacamaya logro infiltrar las redes de la defensa Nacional y logro descargar información estratégica, correos y documentos del 2016 a la fecha. Documentos que pegaron debajo de la línea de flotación de la CuatroTé aunque López intente minimizarlo, sabe que la filtración de estos documentos es extremadamente grave para su gobierno.
Ahora dicen que este mes legislan ya, en esta materia. ¿No será demasiado tarde?
Héctor Romero Fierro
