“No podemos aceptar un gobierno militarista… que no se utilice [al ejercito] para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles”, AMLO, 2009
Entre las grandes decepciones y traiciones del presidente a sus electores destaca la militarización del país. Este programa de progresiva participación del Ejército y la Marina en los proyectos presidenciales es profundamente antidemocrático, es anticonstitucional y es una irresponsabilidad histórica.
Muchos presidentes han tratado de “blindar” su legado (positivo o negativo) principalmente creando instituciones y a través de cambios constitucionales que requieran de un consenso mayoritario (dos terceras partes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales). Así, el presidente Calderón transigió para llevar a la Constitución el arraigo (a cambio de juicios orales en materia penal); y el artículo cuarto se ha convertido en el registro de los inquilinos presidenciales en turno (bienestar para la familia, los derechos de los chiquillos y las chiquillas, etc.).
Pero nadie en la historia reciente del país había optado por militarizar su legado. En la Constitución la posibilidad de cambios está al alcance del consenso político y electoral, pero vincular la agenda del presidente López Obrador a los intereses materiales de las fuerzas armadas (los supuestos rendimientos de las obras serían para pagar las pensiones de los militares) es asociar las políticas públicas a variables fuera del marco legal. Las fuerzas armadas tienen una estructura jerárquica y sus formas, sus procesos, no son los de la democracia.
El artículo 129 de la Constitución establece que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La anticonstitucionalidad es evidente. Ya anteriores secretarios de la defensa manifestaron su incomodidad con las instrucciones de intervenir en las políticas de seguridad; quizá debe ser más incómodo participar en la construcción, operación y administración de obras de infraestructura. El “NO” a la militarización fue parte de las campañas del actual presidente.
Es imprudente dar tanto poder y tantas atribuciones a las fuerzas armadas. Se envía la señal de que las autoridades civiles no funcionan. El emperador romano Augusto buscó blindar su legado creando la guardia pretoriana y acrecentando su poder, gozando de su lealtad. No tuvieron la misma suerte veinte de sus sucesores que fueron depuestos o proclamados por la guardia pretoriana. Pero esta digresión es extrema. Confío en la fortaleza de nuestras instituciones legales y de las fuerzas armadas. Confío en que “hay jueces en Berlín” que sostendrán la democracia y el derecho a la información y a la transparencia; así como en la prudencia y patriotismo del ejército, cuya dignidad ha sobrevivido a peores comandantes. Debemos confiar en el juicio de la historia, pero sobre todo en la justicia ordinaria, concreta, esa que conocerá de adjudicaciones directas y demás actos flagrantes de corrupción.
