La tragedia de Tlahuelilpan es una lección muy dolorosa por las muchas vidas perdidas a cambio de unos pocos litros de gasolina y por el coraje que da saber que era evitable. Debe servir para hacer mejor las cosas en materia de seguridad. Menciono dos puntos que merecen ser repensados por el Presidente y su gabinete de seguridad, ya que la realidad contradijo dos supuestos en que se sustenta la política de seguridad del actual gobierno.
El primero es sobre el uso de la fuerza por parte del Ejército. La explicación y justificación de la pasividad de los soldados el día de la explosión tiene dos argumentos. Uno, que 25 de ellos no podían hacer nada contra una turba de casi mil personas y, dos, que el Ejército nunca usará la fuerza para reprimir al pueblo. Hubo demasiado tiempo para llamar refuerzos tanto del Ejército como de la Policía Federal y estatal. ¿Por qué no se hizo? Dos. La disyuntiva de que los soldados permanezcan pasivos o reprimen al pueblo es falsa. Hay algo que se llama fuerza disuasiva, que no es otra cosa que la presencia masiva de elementos militares o policiales (la Policía Federal es muy buena en eso) entrenados para enfrentar y contener multitudes sin usar violencia física ni recurrir a las armas de fuego.
Esos dos puntos llevan al problema del mando y del protocolo. ¿Quién está al frente y es responsable de estas eventualidades: el jefe de región militar; el gobernador; el director de protección civil? ¿Quién tiene la autoridad tanto para decidir qué tipo de operativo se instrumenta con base en qué protocolos de protección civil (se estaba ante la inminencia de un desastre social/natural que acabó ocurriendo), como para convocar y dirigir a las fuerzas del Estado a fin de proteger a la población incluso en contra de sí misma? El Ejército y Protección Civil tienen protocolos de manejos de estas situaciones. ¿Los nuevos funcionarios no los conocían?
El segundo supuesto cuestionado es sobre la naturaleza del crimen organizado en México que contradice abiertamente la consigna del “pueblo bueno”. Ahora que se han hecho públicas las dimensiones de uno de los problemas de inseguridad —el huachicoleo— nadie duda del tamaño y la complejidad de las organizaciones criminales. El crecimiento de éstas se da con base en insumos provistos en gran medida por la sociedad (otros por políticos corruptos), sin los cuales difícilmente se fortalecerían: nuevos miembros, información sobre la presencia y actuación de las autoridades; mecanismos extras de comercialización del combustible robado; marchas contra la presencia del Ejército; información para otras actividades delictivas, como secuestros y extorsiones.
Este breve listado de aportaciones sociales a las organizaciones delictivas, las cuales pueden ser informales y esporádicas o sistemáticas y bien organizadas, ilustran cómo en la realidad las fronteras entre organizaciones criminales y sociedad, en casos como el de muchas regiones de México, se desdibujan aceleradamente. ¿Pueblo bueno? Difícilmente. Más bien, pueblo con muchas virtudes y grandes defectos. Que eso obliga a replantar las estrategias de seguridad. Sin duda. Solo háganlo por favor, pero no sobre supuestos falsos.
