Las señales de la reinstalación del presidencialismo siguen siendo evidentes. La forma en la que se ha ido abriendo camino la propuesta del presidente López Obrador del 22 de abril pasado, muestra un desdén por las directrices constitucionales y legales. Se propone la reducción “voluntaria“ de sueldos y supresión de aguinaldos de funcionarios de primer nivel (muy posiblemente anticonstitucionales), eliminación de diez subsecretarías de estado (sin que desaparezcan las plazas de los funcionarios que las integran), recorte de 75% de la partida de servicios generales, materiales y suministros (que implicaría un “cierre técnico” del Gobierno Federal), así como posponer las acciones de gasto del gobierno, con excepción de los cuatro proyectos insignia del sexenio (incomovibles a la racionalidad económica y a la coyuntura sanitaria y social). Se propone crear dos millones de empleos (que la mayoría de los analistas señalan como irrealizable).
Cuando lo conducente debía ser decretar las medidas que podría realizar el Presidente y presentar al Congreso las iniciativas para aquellos cambios legales que fueran necesarios, al día siguiente, 23 de abril el Diario Oficial de la Federación publicaba el “Decreto presidencial que establece medidas de austeridad”. Sin embargo, el “decreto” establece los fundamentos ideológicos de la propuesta (“la crisis mundial del modelo neoliberal”) y no decreta nada (no contiene disposiciones obligatorias), solo reproduce las líneas discursivas de la conferencia de prensa y en un artículo transitorio establece que el decreto se convertirá en una ¡iniciativa de Ley! de carácter prioritario, que anticipa que será “en su caso, de aprobación inmediata”, contado con la subordinación del Congreso.
La iniciativa enviada el mismo día pretende modificar la Ley de Presupuesto para que el Secretario de Hacienda pueda “reorientar” libremente el presupuesto de egresos en casos de “emergencia económica” como han dicho los administrativistas españoles “conceptos jurídicos indeterminados” que se llenan de coyuntura, oportunismo y discrecionalidad, caballos de Troya en el seno del Estado de derecho. Esta facultad, es anticonstitucional, pues viola principios como el de la División de Poderes y que no puede haber tributación sin representación.
Es evidente que los contrapesos ya han sido penetrados y domesticados. En un texto clásico, María Amparo Casar señaló que el Hiperpresidencialismo mexicano se explicaba porque un sistema de partido hegemónico le había permitido al Presidente (emanado del partido hegemónico) los instrumentos para penetrar a los poderes a los que la Constitución confiaba el control y el contrapeso del poder.
Hoy que se ha instalado en el poder la hegemonía de una nueva fuerza política (altamente personalizada) la clase política y la sociedad pagaremos las consecuencias de no haber consolidado un sistema institucionalizado de contrapesos legítimo, e instancias de justicia imparciales y confiables. Cuatro décadas después nos vuelve a preocupar el estilo personal de gobernar, porque no construimos instituciones. Como país no aprendimos nada de la dictablanda: el dinosaurio sigue ahí, blandiendo ahora el discurso de la lucha de clases.
