Resulta abrumador vivir en una sociedad inmersa en una espiral de violencia e impunidad. El sentimiento de vulnerabilidad frente al crimen nos ha robado la calma. Pareciera que los métodos alternos de solución de conflictos (MASC) y la justicia restaurativa y terapéutica tendrían poco que hacer en esta agenda de política criminal. Sin embargo, existen medidas de política que han dado muy buenos resultados.
En la justicia cívica, se pueden atender oportunamente los conflictos comunitarios y vecinales en una etapa incipiente. Un dato muy contundente que dio a conocer hace unos años Bernardo León (académico y ex comisionado de seguridad ciudadana en Morelia) es que en esa ciudad y en León, Guanajuato, el 84 por ciento de las víctimas de homicidio intencional, durante el año previo a su asesinato, habían tenido un asunto abierto en la justicia cívica, es decir, habían dado señales de que estaban en un circuito incipiente de violencia o de ilegalidad y no se abordó a tiempo.
Al menos 70 por ciento de las infracciones de justicia cívica están relacionados con bebidas embriagantes o drogas, o con escalamiento de violencia entre vecinos o conciudadanos. Cada vez con mayor frecuencia se está incorporando el enfoque terapéutico con mucho éxito. Por ejemplo, en vez de imponer una multa (que suele no ser pagada, quedando la persona en arresto), se pueda cambiar ésta si se compromete a acudir a alcohólicos anónimos o a alguna terapia de deshabituación a adicciones; o bien, según el diagnóstico que se realice, terapia cognitivo conductual, de control de impulsos o de nuevas masculinidades. Estos procedimientos deben ser voluntarios y gratuitos. Se pueden salvar muchas vidas y reducir la vulnerabilidad tanto de las víctimas como de los ofensores, así como sus vecinos y familiares que pueden incorporarse a los programas.
También se pueden aplicar estas alternativas de atención en el manejo y mediación de conflictos comunitarios y familiares. En el IJA se canalizaron en 2024, 47 casos a recibir, adicionalmente a la solución de su conflicto, esta atención gratuita a sus usuarios.
También este enfoque va más allá de la seguridad ciudadana (atender y reducir la victimización) incorporando una visión de seguridad humana (reducir la vulnerabilidad de las personas, para que no sean victimizadas o se conviertan en agresores), se ha aplicado en diversos ámbitos del sistema penal. Se han creado patronatos, fondos o fideicomisos (como el Ficosec de Chihuahua), que reúnen recursos por ejemplo, para prevenir el delito, concursándose los fondos entre organizaciones de la sociedad civil dedicadas a trabajar con niños en situación vulnerable, capacitación para el trabajo, desarrollo de trabajo comunitario, entre otros. También se han aplicado este tipo de programas en la reinserción de personas privadas de la libertad y en las unidades de medidas cautelares (muy exitoso en Morelos), así como en procesos de mediación. Esto ayuda a resolver de fondo los conflictos, a reducir la vulnerabilidad y generar mejores condiciones para hacer viable una pacificación que arraigue en las comunidades.
