“Si quieres conocer a una sociedad, lee su código penal y visita sus cárceles” - G. Radbruch
Pareciera que el Estado mexicano sigue siendo un “ogro filantrópico”. El mismo gobierno federal que impulsó una reforma constitucional para incrementar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y que en apenas unos meses de vigencia llevó a seis mil personas acusadas de delitos menores a prisión; es el mismo que anuncia el cierre del Centro Federal de Readaptación Social número 2 de Puente Grande como parte de su programa de redignificación de las cárceles y de promoción de los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad.
Paradójicamente, por una parte, se limita el Derecho Humano a enfrentar los procesos penales en libertad; en tanto que se busca promover los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad, al “dignificar las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de los reclusos, en atención a recomendaciones de expertos nacionales e internacionales” (Plan Nacional de Desarrollo). Una aclaración pertinente: dichos expertos ya no les llaman “reclusos”, sino internos y tampoco se refieren a “cárceles” sino a centros penitenciarios.
Desde luego ha sido un acierto el cierre del centro penitenciario de Islas Marías en marzo de 2019, que había pasado de 700 internos (2006) a siete mil 720 (2013), con hacinamiento, escasez de agua y motines (que tenían lustros sin registrarse en centros federales).
Desde hace unos meses se comenzaron a hacer traslados de internos de Puente Grande a otros centros penitenciarios federales. Solo quedan 376 (36% de la capacidad del centro), que abandonarán el centro en los próximos días. Revisando las motivaciones se puede referir que en la más reciente evaluación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (DNSP, 2019) Puente Grande tuvo la décimo cuarta calificación (6.81/10) de los 17 centros federales evaluados (promedio de 7.53/10), reportando “Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos” y “Presencia de actividades ilícitas” (DNSP 2019, p. 484), necesidad de más programas educativos, laborales, de capacitación y deportivas, y algunas otras limitaciones para la seguridad y la reinserción de los internos.
¿Esto quiere decir que los centros peor evaluados que el de Jalisco, por las mismas razones como los de Durango, Veracruz y El Altiplano deberían poner sus barbas a remojar? Lo cierto es que el sistema penitenciario federal tiene ocho de los centros penitenciarios más grandes y modernos del país. Que se realizó una inversión sin precedentes en los últimos lustros. Actualmente está al 50% de su capacidad. Tiene capacidad para 32 mil internos y los internos por delitos federales son 28 mil (de los que solo 44% están en centros federales). Qué bien que se busque la redignificación y que se proponga mejorar las condiciones de internamiento y de reinserción. La prueba de fuego será que en un par de años los centros federales reduzcan la tasa de reincidencia de 16% que actualmente presentan. Ojalá y se puedan seguir realizando los estudios que permiten esta evaluación de políticas, como el diagnóstico penitenciario de la CNDH y el censo y encuesta penitenciarios del INEGI, que hoy están en riesgo por los recortes presupuestales.
