La prisión preventiva ha sido uno de los pilares del populismo penal y de una política criminal contraproducente. Lo único que se suele provocar es que más recursos públicos se canalicen al sistema penitenciario (para el resguardo y manutención de internos acusados por delitos menores, pero altamente criminalizados por las leyes) y se les quiten a tareas de prevención, así como a mejorar la capacidad de investigación de los delitos violentos.
A un año de que se hiciera una reforma constitucional para aumentar los delitos para los que se otorga oficiosamente prisión preventiva, no se perciben los resultados prometidos en el sentido que reducirían delitos en materia de hidrocarburos, corrupción, en materia electoral. No ha bajado la incidencia de estos delitos, precisamente porque desde el principio se sabía que el problema no es que la legislación fuera poco severa, sino que la capacidad de investigación criminal es insuficiente y muy deficiente. La propia iniciativa de reformas refería que, de cada 100 delitos de corrupción, solo se esclarecían 1.5 y que se trataba generalmente de “peces chicos”.
Como suele pasar, el legislador siembra vientos y la sociedad cosecha tempestades. El número de personas encarceladas durante su proceso penal (en prisión preventiva) se incrementó en 10% en el último año. El día de hoy más de 80 mil personas que son inocentes ante la Constitución, en la práctica dormirán en un reclusorio.
Si bien había disminuido considerablemente el fenómeno de la prisión preventiva y el hacinamiento penitenciario; sin embargo, todavía de cada diez internos en prisión, cuatro padecen la prisión preventiva (38.7%) superando la media latinoamericana (región sumamente severa en esta materia) y muy por encima de la media internacional (29.4%). México está en la posición 67 entre 223 naciones para este indicador en el World Prison Population List (WPPL), entre el tercio más alto. Por lo que se refiere a presos sin condena por cada 100 mil habitantes, otro indicador que muestra con qué intensidad usan los países esta que debería ser una medida cautelar excepcional, México presenta 63.3 por cada 100 mil habitantes, muy por encima de los 40 por cada 100 mil habitantes, que es la media internacional del WPPL.
Si bien la población penitenciaria ha venido reduciéndose considerablemente, en buena medida en virtud de la aplicación del sistema acusatorio, otra de las consecuencias del abuso en la aplicación de la prisión preventiva es que algunos centros penitenciarios siguen presentando hacinamiento. Concentraciones de entre tres mil y trece mil personas son bombas de tiempo esperando detonación en los centros penitenciarios como los preventivos Oriente (140.6% de ocupación) y Norte (al 119.45 %) en la Ciudad de México; el Centro Penitenciario Preventivo de Guadalajara (al 150% de su capacidad) que alberga a 6,775. El Sistema Penitenciario de del Estado de México que está en su conjunto al 216% de su capacidad (de 14,327 y una ocupación de 30,980). Alarmante es la situación de los centros penitenciarios de Ecatepec 313% de ocupación; el de Tlalnepantla al 427.4%; el de Netzahualcóyotl al 253.7%; y Chalco al 599.3%. Se requiere con urgencia replantear la política criminal, hacerla selectiva, racional, enfocada a ese cinco por ciento de los delincuentes que son los responsables de 60% de los delitos de alto impacto, que nos han robado la calma. Con mejor investigación criminal de los delitos violentos y no con meter a la cárcel a delincuentes menores podrá enfrentarse mejor el desafío. El populismo penal siempre ha sido contraproducente, de Barrabás a la fecha.
