Este 18 de julio se cumplen 148 años del fallecimiento de Benito Pablo Juárez García. En estas fechas de conmemoración resulta muy oportuno reconocer el compromiso de Juárez con la legalidad y el Estado de derecho. Fue un hombre de leyes, conocedor de los alcances y deficiencias del sistema jurídico de su tiempo. Expresó que él tenía en la ley “su espada y su escudo”.
Vivió en carne propia la injusticia social y la arbitrariedad de las autoridades de su época. No solo tuvo que ir a contracorriente con los prejuicios y la falta de oportunidades para las personas de origen indígena, también experimentó casos de abusos. En 1834, a los 28 años de edad, defendió a los habitantes zapotecos del poblado de San Baltasar Loxicha (a 210 kilómetros de Oaxaca), de las excesivas obvenciones parroquiales y servicios personales del sacerdote del pueblo que no se condolía de la miserable situación de sus feligreses. Como respuesta, el párroco junto con las autoridades municipales, hicieron arrestar a Juárez de manera arbitraria y lo tuvieron encarcelado por nueve días por el delito de vagancia, por su sola condición de indígena (de nada le valió ser catedrático del Instituto de Ciencias, ni haber sido diputado local).
Se fue abriendo paso como regidor del ayuntamiento de Oaxaca, pero también como profesor de derecho y funcionario judicial. En 1832 fue ministro suplente de la “Corte de Justicia de Oaxaca”, que tomaba esa denominación; en 1834 ministro interino del mismo cuerpo judicial; en 1838 secretario de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Departamento de Oaxaca; de nuevo ministro suplente del propio tribunal; juez de primera instancia en 1841; y fiscal propietario del propio Tribunal en 1843. Es decir, tuvo un extenso periodo formativo en la operación del sistema de justicia, que lo preparó para concebir e impulsar muchas mejoras.
Por ello, como legislador local (fue de los redactores de la Constitución de Oaxaca de 1857) y como legislador federal siempre impulsó la modernización del sistema jurídico, particularmente dando orden al deteriorado estado de la administración de justicia.
Pasó entonces en 1844 a ser Secretario de Gobierno de su estado Natal y con posterioridad fue Gobernador del Estado, emprendiendo una reforma judicial sin precedentes. Mejoró y regularizó los pagos del personal del tribunal y estableció como máxima duración de un proceso por el delito de robo, 20 días y para el delito de homicidio, 30 días. Los días que el juez excediera de este plazo para resolver, se le descontaría un día de su salario.
Ya en la escena nacional, al triunfo de la revolución de Ayutla en 1855, fue ministro de justicia de Juan Álvarez, y redactó la “Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios”, conocida como la “Ley Juárez”. Declaraba la igualdad entre los mexicanos ante la justicia y que los tribunales especiales no podían tender asuntos del orden común. Pensaba que los fueros debían suprimirse y la justicia ordinaria, reformarse.
Como sabemos, en 1857 sería el presidente del máximo tribunal de México, la Suprema Corte de Justicia, para de ahí subir a la presidencia de la República. La defensa irrestricta de la legalidad y de la legitimidad del Gobierno nacional logró reunir el consenso social y galvanizar las fuerzas sociales en un Estado mexicano más fuerte.
Juárez fue un auténtico liberal, constructor y defensor del Estado de derecho, por eso está de pie, en la conciencia de la República. Hoy, sicarios y filisteos, se disputan su túnica.
