En la punta de los escándalos bronquianos crece la revelación sobre una admitida y cercana relación de El Bronco con el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, recién aprehendido en EU por presuntos nexos con el narco, quien en su momento habría jugado un papel fluidamente generoso en las finanzas de la campaña de El Bronco y un rol principalísimo en su victoria final.
Se trata de una trama más que novelesca según una versión periodística publicada en el portal SDP, la cual involucra hasta a Rodrigo Medina. Aún siendo gobernador, éste vio que a grandes pasos decaía la candidatura de la priista Ivonne Álvarez, por lo que Medina (¡quién lo dijera!), en la desesperación ideó como estrategia política diluir el voto anti PRI, inflando la campaña de El Bronco como independiente.
Para ello pidió ayuda a su amigo, el hoy saliente gobernador nayarita, Roberto Sandoval, para que enviara a Nuevo León a Édgar Veytia en apoyo de Jaime Rodríguez. La estrategia de Medina funcionó pero Veytia hasta se pasó de eficaz. Diluyó tanto el voto anti PRI que el independiente arrasó. Y ahora todos, Medina, Sandoval, Veytia y El Bronco ponen a arder sus veladoras ante lo que siga confesando El Chapo a quienes algunos adjudican ser presunta fuente negociadora del embrollo que empieza a darse a conocer. Por lo pronto El Bronco ha tenido que negar todo menos su amistad.
En este precario contexto (donde se confirma que por una conjunción de factores –algunos como este episodio aún sin aclarar– El Bronco debe su gubernatura a Medina en más de un sentido, lo que a su vez explicaría por qué su persecución judicial no tiene futuro mientras El Bronco siga en la silla heredada), cada día que transcurre el gobernador de Nuevo León se entretiene y siembra dichos contradictorios a diestra y siniestra sobre su aparente disposición sea a continuar o sea a renunciar a la gubernatura. La finalidad de esta última alternativa: figurar como candidato en la justa presidencial del 2018.
Una perspectiva que dicho sea de paso, si acaso entusiasma, según las últimas encuestas, a un escasísimo tres o cuatro por ciento del electorado que conforme se acercan las elecciones modulan sus preferencias por quienes anticipadamente ya han poblado los espacios mediáticos con sus pretensiones.
Jaime Rodríguez sigue haciendo lo que ha sido su pasatiempo desde que asumió el cargo. Un día declara en sentido de quedarse hasta cumplir su mandato, como igual a la vuelta de la esquina da a entender lo contrario o lo condiciona –en forma demagógica–, a que haya cumplido lo que prometió al pueblo de Nuevo León.
El aún gobernador más que dudar sobre su pretensión parece que cada vez encuentra menos quién le compre y apadrine la aventura, toda vez que Peña Nieto desinfló con estruendo aquella exaltación, a la postre falsa, de su secretario general de Gobierno, quien dijo que se encontraba (en un imaginario conciliábulo de élite) negociando su candidatura con el Gobierno Federal.
Lance delirante y grotesco quizá impulsado por los mismos rumores febriles que lo hacen protagonista y motivo central de conversación en una supuesta cena de gala del senecto Salinas de Gortari (que de haberlo requerido hace mucho habría apostado alguna ficha en el tablero de El Bronco).
Por vía de mientras, patrocina su precampaña del erario nuevoleonés, destinando enormes sumas para pagar sueldos de entre 15 mil y 20 mil pesos mensuales a cientos de operadores cibernéticos que tendrían la encomienda de sembrar el ciberespacio con propaganda afín al tiempo que bloquearían opiniones adversas. En realidad el lapso transcurrido de su sexenio no ha sido más que una precampaña permanente costeada por el presupuesto de la entidad.
Lo cierto es que en medio de sus indefiniciones, a Jaime Rodríguez ya se le acumulan expedientes y rezagos judiciales sin resolver y que podrían hacer trizas a cualquier futurismo que pudiera albergar sobre su rumbo político.
El primero de ellos es el revivido Cobijagate que sigue proyectando una sombra de “irregularidades de punta a punta”, sobre el paradero de 30 millones de pesos en una compra amañada de 200 mil desaparecidos cobertores y círculos concéntricos de complicidad abrigados por una cercanísima relación con el mismo gobernador.
En la maraña fraudulenta hay de todo tipo de chicanas, desde amparos contra la apertura de archivos promovidos por particulares sin interés jurídico, hasta multas ridículas a supuestos responsables, y la reserva impuesta por la propia Contraloría para prohibir el acceso público a la información. Gonzalo Padilla, ex director de adquisiciones; Carlos Garza Ibarra, secretario de Finanzas y tesorero estatal; Fernando Elizondo, coordinador ejecutivo del gobierno y Ernesto Canales, subprocurador Anticorrupción, son algunos de los nombres y puestos de responsabilidad que dan cuenta de qué tan arriba se enreda la madeja.
