El Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo constitucional autónomo construido con base en un arduo trabajo de los partidos de oposición, la sociedad civil y en cierta medida bajo el auspicio del partido oficial, de aquel entonces, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la década de 1990.
Como todo organismo público el INE es perfectible, es innegable que el inicio de la transición democrática (transición que aún no culmina) en México se dio gracias a este órgano electoral.
El INE también ha tenido sus claroscuros como la elección de 2006 en donde el resultado fue más que cuestionable, existen indicios que a todas luces dejan entrever que la victoria de Felipe Calderón se orquestó vía el fraude electoral; aun con sus contrastes es un organismo del Estado mexicano que ha dado resultados y que hay que salvaguardar.
En la palestra pública se está dando el debate de la reforma electoral, el presidente López Obrador y MORENA quieren crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al INE, en contraste, los partidos de oposición buscan una reforma electoral, empero sin eliminar el INE.
La reforma del partido oficialista es polémica en muchos sentidos: elimina a 200 diputados y 32 senadores (plurinominales), busca reducir el financiamiento público de los partidos, propone que los consejeros electorales sean elegidos por voto popular, elimina los órganos y tribunales electorales locales con el fin de hacer del INEC el órgano encargado de conducir y supervisar los procesos electorales en los municipios y entidades de la República.
¿Es necesaria una reforma electoral ahora mismo? Considero que sí, no obstante, debe ser una reforma consensuada entre todas las fuerzas políticas del país, no debe contar con el beneplácito de un solo partido.
La reforma electoral propuesta por el mandatario federal es riesgosa. Reducir el financiamiento público de los partidos es el corolario para legalizar de facto el financiamiento ilegal.
Los partidos políticos buscarán, a como de lugar, obtener el financiamiento que les fue quitado, el pase de “charola” se acrecentará, lo que se debe proponer es buscar nuevas formas de financiamiento, poner en la ley lo que ya sucede: estipular porcentajes de aportaciones, donaciones (o bajo otro concepto legal) de financiamiento privado.
Obviamente el financiamiento público tiene que ser mayor al privado debido a que se puede poner en tela de juicio la legitimidad política y moral del gobernante y/o representante popular, además de comprometer su agenda política ya que podría responder a otros intereses políticos y económicos, mas no a los de su electorado.
La elección de los consejeros por voto popular per se es riesgosa y pone en peligro el accionar del órgano electoral.
Los consejeros serían políticos de fondo y de forma consejeros.
Imaginemos a una persona muy popular y con raigambre entre la ciudadanía decide postularse para ser consejero, el financiamiento de su campaña corre a cargo de personajes políticos que de poco les interesa la democracia.
Imaginemos que esta persona es elegida consejero electoral por el voto mayoritario de la ciudanía, sin embargo, no cuenta con la preparación ni la trayectoria ni conocimiento de derecho electoral, no tiene una noción administrativa de como son los procedimientos del órgano electoral, por ende, no sabrá cómo guiar ni mejorar los procesos electorales.
La elección de consejeros por voto popular sería abrir la caja de pandora, pone en riesgo la transición democrática del sistema político mexicano, lo que se debería de hacer es profesionalizar aún más el servicio civil de carrera de quienes trabajan en el INE a través del Servicio Profesional Electoral Nacional, que sean personas ajenas a partidos políticos y la elite económica para que no haya dudas de la transparencia de las personas miembros del consejo.
Los puestos de conejeros tienen que estar a cargo de técnicos en la materia.
