En la última semana, se mediatizaron tres casos de la Ciudad de México relacionados con comerciantes ambulantes, el espacio público y la forma como los funcionarios del Estado actúan. En el primero, desde la alcaldía Miguel Hidalgo se informó que se habían decomisado en la zona de Polanco 140 triciclos —que, dicho sea de paso, no eran más que herramientas de trabajo de cientos de personas— y que se procedería con su destrucción. El segundo caso, es el de Marven, mejor conocida como Lady Tacos de Canasta, a la cual 6 elementos de la Policía Auxiliar le intentaron quitar su canasta y bicicleta. Y, por último, por medio de Twitter nos enteramos de un operativo que se desplegó para retirar comerciantes en la zona centro, entre ellos destacó una señora mayor, a la cual le despojaron de todas sus yerbas.
En un contexto de exacerbada desigualdad y crisis económica, los hechos, en su conjunto, son indignantes y crueles. Además, nos dejan ver una serie de ideas o fantasías que siempre parecen rondar el tema, en particular desde la óptica de ciertos funcionarios públicos.
Una de estas fantasías es la “estricta aplicación de la ley” como solución a todos los problemas sociales. Esta suele ser la principal justificación de sus operadores —en este caso funcionarios y policías— como si existiera una clara correspondencia entre el orden jurídico y el orden social. Es decir, por un lado, se parte de la idea de que la ley es clara, objetiva e inalterable, y, por el otro lado, que los operadores tan sólo son “aplicadores”, ajenos del contexto y de las contradictorias lógicas sociales. También, se asume que eso que llamamos informalidad y en específico el comercio ambulante es malo y homogéneo, a pesar de haber sensibles diferencias en su configuración, organización y su actuar.
Esto último es importante, porque como bien ha apuntado Fernando Escalante, el comercio ambulante es la solución para muchos problemas, viene a ser un subsidio para las empresas de la economía formal. Explico. Afuera de los edificios con oficinas federales, estatales, de las empresas y de las fábricas, una normalmente puede observar sobre la acera a personas o familias que venden comida, desde los tacos de canasta y guisado hasta platillos más elaborados. Y, el asunto es que, más allá de gustos, normalmente los salarios precarios de una buena parte de la población impiden que, por ejemplo, una mesera de un restaurante o una trabajadora de limpieza de un hospital pueda pagar una comida que se venda en sus lugares de trabajo.
Otra fantasía es la de ver el espacio público “limpio” a partir de un juicio estético bien definido. Esto ha implicado que el espacio público se limite a un asunto de diseño, en donde sólo hay que ver cómo acomodamos las bancas, lo relacionado con la iluminación, las jardineras y, en donde las personas que hacen uso de este espacio para trabajar estorban o impiden el establecimiento de cierto orden idealizado. Bajo esta lógica, no importa hacer uso de la fuerza policiaca para desalojarlos y poner en su lugar macetas enormes y horrorosas, piedras o tubos sin sentido con tal de que no regresen.
Con otras configuraciones, otros actores, con mayor o menor uso de la fuerza, los hechos que se hicieron virales esta semana en la Ciudad de México suceden todo el tiempo en distintas ciudades y estados, dejando sin trabajo a cientos de personas. Valdría la pena cuestionarnos entonces ¿por qué se siguen alentando esas fantasías?
