En lo que va de 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) ha aplicado 558 mil pruebas, equivalentes apenas al 18-19% del parque vehicular esperado, pese a que la verificación es gratuita. La tasa de aprobación ronda el 70%, mientras que el resto de vehículos son rechazados, principalmente por fugas visibles en motor o transmisión. El problema no es menor, el propio gobierno reconoce que el 60% de la contaminación en Jalisco proviene de los automotores. La titular de Semadet admite que el “impacto en calidad del aire es bajo” y que las mediciones propias aún no existen; se usan “proxys” de otras ciudades como Ciudad de México o Los Ángeles, y se espera contar con datos locales hasta dentro de un año.
Después de cinco años de operación, Jalisco no puede demostrar que la verificación haya reducido la contaminación atmosférica. Las cifras de calidad del aire lo corroboran. Pues el 2023 fue el año con más vehículos verificados (16.64% del padrón) y, paradójicamente, tuvo menos días con buena calidad del aire (110 días, el 30% del año) que en 2022, cuando la cobertura de verificación fue menor, pero se registraron 127 días limpios (34%).
Durante el primer semestre de 2025, el gobierno recaudó 2,297 millones de pesos por el paquete 3x1 (verificación, cambio de placas y refrendo), 41% más que en el mismo periodo del año anterior. De los 500 pesos que cuesta cada verificación, apenas 14.93% (74.65 pesos) se destina al “Fondo Verde” para acciones ambientales; el resto se reparte entre operadores de verificentros (50.02%) y el proveedor privado Worldwide Environmental Products (35.05%). El resultado es que de 2020 a 2023 el programa generó 423.29 millones de pesos para los actores privados. Mientras, en el fideicomiso ambiental priva la opacidad y los subejercicios, ya que en 2022 y 2023, nunca llegaron los millones para proyectos ecológicos.
Se obliga a los ciudadanos a verificar, bajo el argumento de proteger el medio ambiente, pero los recursos captados no se traducen en mejoras tangibles, ni en reducción comprobable de emisiones. La verificación vehicular, en la práctica, es poco más que un negocio privado financiado por los ciudadanos, muy lejos de ser una política ambiental eficaz.
