Ronald Dworkin, uno de los filósofos del derecho más influyentes del siglo XX, profesor en Oxford y en Nueva York, sostiene que el derecho no puede reducirse a un catálogo de normas aplicadas mecánicamente, como quien llena un formulario. El derecho, dice, es inseparable de los principios sociales y políticos que lo dotan de sentido. No basta con cumplir la letra de la ley; un tribunal debe interpretar esas normas de modo coherente, con la justicia y con la equidad. De lo contrario, deja de ser un tribunal de justicia, para convertirse en un tribunal del derecho; es decir, en una máquina fría que puede legalizar cualquier despojo si el procedimiento fue debidamente “aceitado”.
En Jalisco conocemos bien ese problema. El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se ha transformado en una oficina inmobiliaria, donde se venden sentencias que permiten lo que el ordenamiento urbano y ambiental prohíbe. No imparte justicia, la administra como mercancía. No interpreta principios, repite formalismos. El resultado es una ciudad devastada por el cemento, bosques convertidos en fraccionamientos y derechos colectivos degradados a simples externalidades económicas.
Lo que ocurre con el bosque de Nixticuil, con los fraccionamientos de López Mateos Sur o con las torres en colonias de Guadalajara, es el ejemplo perfecto del ‘rule by law’, del uso de la ley como instrumento de poder y negocio. El Tribunal viste su traición a la ciudad con la retórica de la legalidad. “No hay afectación al interés público”, dictan sus magistrados, mientras autorizan construcciones en Áreas Naturales Protegidas, anulan planes parciales o excluyen fincas históricas del inventario patrimonial. A eso lo llaman “justicia administrativa”.
Si un municipio se atreve a decir no, el TJA corrige y dice sí. Si la norma restringe, el Tribunal flexibiliza. Si el suelo es protegido, el Tribunal reinterpreta el “interés social” hasta reducirlo al lucro privado. Y cuando se interpela por los daños, se refugia en su viejo truco, estamos “apegados a derecho”.
En Jalisco no tenemos un tribunal de justicia, sino un aparato formalista que confunde legalidad con justicia, y que, en la práctica, se ha convertido en el enemigo público número uno de la ciudad. Su legado no es el Estado de derecho (rule of law), sino su perversión, un “Estado por la ley” (rule by law), donde lo legal sirve de fachada para lo ilegítimo.
Aquí el derecho ya no es medio para alcanzar justicia, sino fin en sí mismo, prostituido en manos de jueces y desarrolladores que encontraron la manera corrupta de legalizar lo ilegal. La integridad del derecho exige que los jueces no se limiten a aplicar reglas, sino que actúen como intérpretes de principios sociales que hagan justicia a la comunidad. Nada más distante de lo que ocurre en Jalisco, donde el Tribunal se ha vuelto un negocio inmobiliario con toga.
