El ordenamiento ecológico es un instrumento de política ambiental para regular el uso de suelo y promover un desarrollo sustentable en todo el territorio del país o en una parte de él.
Al ordenar las actividades del territorio se busca maximizar el consenso entre los diversos actores económicos y sociales para minimizar los conflictos ambientales por el uso del territorio.
La meta es lograr un equilibrio entre las actividades productivas y la protección de los recursos naturales. Para su elaboración y/o modificación debe seguirse un proceso legal, participativo, transparente y metodológicamente riguroso y sistemático.
En el caso reciente del gasoducto que pasaba por porciones del territorio de Lerdo y de Gómez Palacio no se respetó el ordenamiento ecológico de esos dos municipios y por esa razón fue que Prodefensa del Nazas llevó el caso a los tribunales.
Se trataba de una obra ilegal. Ahora se anuncia una actualización del ordenamiento territorial de Lerdo para hacer posible la instalación de una planta de energía solar.
Un ordenamiento territorial puede modificarse pues las condiciones ambientales de una unidad territorial puede haber cambiado. En ese caso el mismo comité técnico que promulgó el ordenamiento inicial debe supervisar y validar su actualización.
Si bien el ordenamiento de un municipio no está escrito en piedra y puede cambiarse, existe un procedimiento establecido para su modificación.
Este procedimiento no fue seguido por el municipio de Lerdo quizá por dar prisa al asunto.
La actualización no fue socializada con todos los actores de Lerdo y no fue aprobada por todo el comité técnico pues varios de sus actores tenían reservas fundadas sobre cómo se hizo la actualización.
Nuestra descontento por lo hecho por el municipio de Lerdo es producto del desaseo con el que se procedió.
No nos oponemos per se a las inversiones, al gobierno municipal o a la instalación de una planta solar, pero sí nos oponemos a la ilegalidad.
Se sienta un precedente nefasto para que cualquier alcalde o cualquier gobernador modifique a su capricho un instrumento sólido que siempre debe implicar procesos de transparencia, debate técnico y estricto apego a la ley.
Cuando el litigio del gasoducto recibí una llamada de un alto funcionario del estado de Durango.
La pregunta que me hizo fue una sola “¿Por dónde quieres que pase el gasoducto?”
La pregunta en sí ya era ofensiva pues partía del supuesto que el amparo promovido por Prodefensa del Nazas respondía a intereses personales. Mi respuesta fue “que pase por donde no vulnere la ley”.
Nos toca a los ciudadanos vigilar el cumplimiento de la ley. No podemos hablar de un ordenamiento con procesos caóticos y opacos.
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