Los retos institucionales y logísticos para la elección del próximo 1 de junio no son menores. El Instituto Nacional Electoral ha tenido que adaptar toda su estructura para una elección que no tiene precedentes.
La complejidad de la elección podría rebasar las capacidades del órgano electoral. Pero parece que el INE, con sus recursos, restricciones y su experiencia, llevará a cabo la jornada electoral sin mayor cuestionamiento. Siempre habrá problemas en cada elección y por ello habrá cuestionamientos, pero depende de la gravedad. Esta dependerá del nivel de rigor y ese será su cuestionamiento.
El número de centros de votación (cerca de 80,000), el tiempo que requiere votar por cada uno de los candidatos (30 minutos), la cantidad de opciones (más de 40, solo la federal), el número de boletas (6 en la federal, más las locales), la cantidad de opciones en cada boleta (64 opciones entre hombres y mujeres), es todo un reto institucional.
No solo es una elección inédita, en algún sentido es una elección muy complicada. Sin embargo, todo parece indicar que será una elección que se resuelva en las urnas y en la que tengamos resultados a la brevedad, según el propio INE.
En términos institucionales, podría pasar que el problema venga después. Es decir, lo que no tenga que ver con la elección, sino con la impartición de justicia.
Pero más allá del proceso, ¿saben los ciudadanos que están votando? La elección del próximo 1 de junio es muy compleja para el votante promedio. Lo pasa a ser aún más si consideramos los niveles de conocimiento de los electores o votantes.
Más allá de los niveles de conocimiento de los candidatos a jueces, ministros y magistrados, lo cual, por su número, ya implica una tarea titánica, están los niveles de conocimiento del órgano judicial.
Consideremos los niveles de información más básicos. El porcentaje de la población que ubica los poderes de la República. En promedio, en los últimos 20 años, no más de 40 por ciento de la población puede identificar los 3 poderes de la República.
Una vez identificados esos tres poderes, solo más del 30 por ciento ubica al judicial. Si sumamos los tres poderes, solo el 25 por ciento puede reconocerlos a todos.
Esos porcentajes reflejan el nivel de conocimiento o sofisticación que requiere esta votación. Lamentablemente, los niveles de conocimiento del poder judicial son muy bajos.
Es cierto que cuando al ciudadano se le pide que participe, siempre dirá que lo hará o estará de acuerdo. El problema de esta elección es que más una elección de voto automotivado será de movilización. Eso es muy difícil de estimar con encuestas.
Por ello, la primera pregunta es si la ciudadanía, el elector, sabe qué es lo que va a votar. Con unos niveles de conocimiento tan bajos, parece que no sabe mucho.
En una siguiente entrega reportaremos los niveles de conocimiento de la elección y cuánto ha cambiado la percepción del poder judicial, pero a juzgar de los datos recabados en más de 20 años, todo parece indicar que será muy poco el cambio.
