El argot, en los medios judiciales, también está transformándose; como la palabra “sabadazos”, que antes consistía en detener con orden de aprehensión o sin ella a personas en su mayoría inocentes de algún delito, en las tardes noches del viernes o madrugadas o primeras horas de los sábados, para no darles tiempo a ampararse para evitar ser privados de la libertad o impedirles a sus abogados liberarlos inmediatamente porque sábados y domingos cerraban los juzgados.
Esa práctica viciada hizo ricos a los agentes del Ministerio Público y a las policías judiciales, federales y estatales, en todo el país, que estaban coludidos para dar “sabadazos”, a diestra y siniestra; lucrando así con la libertad; práctica que fue disminuyendo poco a poco hasta que las organizaciones de los Derechos Humanos acabaron con ella, para beneplácito de la población toda.
Ahora denominase “sabadazos” a que nuevamente coludidos ministerio público, policías, jueces, magistrados, ministros, adrede esperan los viernes para liberar a toda clase de delincuentes que podrían ser aprehendidos si fueran liberados entre semana, por tener otros procesos penales y otras órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse; dándoles así oportunidad los fines de semana para fugarse inclusive hasta el extranjero; con lo que sus crímenes quedan impunes.
Por eso es necesaria y urgente la Reforma Judicial, para que esas y otras muchas prácticas viciadas desaparezcan; y la cual no debe de limitarse a los poderes judiciales sino que debe ampliarse a las policías de los tres niveles y a los ministerios públicos, federales y estatales; quienes tienen como otra práctica viciada que les permite enriquecerse haciendo aprehensiones violatorias de derechos humanos e integrando muy mal las carpetas de investigación, dejándolas muy flojas como se dice en la jerga judicial, para inmediatamente ante esto darles pretexto a los jueces para liberar a los delincuentes.
Por eso la Reforma Judicial debe abarcar a las policías municipales, estatales y federales, y a los ministerios públicos, federales y estatales; porque para que haya una buena impartición de justicia, la que corresponde a los Poderes Judiciales, es necesario que hay una eficaz seguridad pública que corresponde al Gobierno en los tres niveles, y una eficiente procuración de justicia, que corresponde al Poder Ejecutivo, de los dos niveles.
