Muchas de las críticas que se hacen a quienes forman el gobierno están mal encaminadas. Suponen que su intención sería que el país volviese a la normalidad cuanto antes, pero no saben cómo conseguirlo, por ignorancia o por falta de información. No me parece razonable. El proyecto regeneracionista es bastante claro, y sobre todo consistente, la catástrofe solo contribuye a resaltar algunos de sus rasgos. No se trata de volver, sino de avanzar.
El anuncio para las clases medias y las empresas es transparente: lo único sustantivo que ofrece es el tratado de libre comercio (eso y no subir impuestos). Significa que para ese sector la recuperación dependerá del mercado de Estados Unidos, y que no puede esperar otra clase de apoyo. Según el cálculo oficial, es alrededor de 30 por ciento de la población del país cuya vida está económica, cultural, incluso en mucho jurídicamente integrada a los Estados Unidos. Y lo único que le toca al gobierno mexicano es no entorpecer esa dinámica.
Es hacer de la necesidad, virtud: aceptar el hecho histórico (demográfico, productivo, cultural, político) que es América del Norte, y reconocer formalmente la función que cumple el aparato político de la porción mesoamericana (acaso con demasiada fe en el poder de los Estados Unidos, como siempre la izquierda, pero esa es otra cosa). Por eso no hay ninguna definición de política económica. En el Plan Nacional de Desarrollo no hay nada concreto, dos o tres frases: alentar la inversión, fortalecer el mercado interno, crear empleos. El motor es el mercado norteamericano.
Nadie está pensando en una integración política. Porque la frontera es el recurso básico, indispensable, del sistema productivo de la región. La frontera es lo que permite consumo masivo en los dos lados, mano de obra barata, migración indocumentada, envío de remesas, explotación “flexible” de los recursos naturales, y más: la frontera en sí misma es fuente de ingresos, genera ganancias. La frontera es una pieza fundamental de la integración. Por sus características geográficas e institucionales, a la porción mesoamericana del territorio le corresponde parte de la industria pesada y sobre todo la actividad extractiva —y algo de turismo (por eso el Tren Maya es la opción para la península de Yucatán).
La audacia del gobierno consiste en admitir abiertamente, en la definición de la política pública, el desacoplamiento de esas dos partes de la sociedad mexicana, y aceptar a la vez una subordinación mucho más explícita a las necesidades del norte —en particular, por supuesto, en materia de seguridad. Para 30 por ciento hay tratado de libre comercio. Para el otro 70 por ciento los recursos para una economía de consumo modesto, transferencias directas, pequeños créditos, empleo público y disciplina, en lugar de educación universitaria, escuelas de artes y oficios, cientos, y un elogio evangélico de la pobreza.
Acaso a la larga todo esto no será más que una nota a pie de página en la historia del proceso multisecular de integración. No deja de ser triste que eso signifique, para la mayoría de la población, el trato que ha tocado siempre a las “clases peligrosas”: caridad, policía y religión.
