Tiene razón el Presidente respecto a que la denuncia del ex director de Pemex representa un hecho histórico para el país. Existe la idea de que la corrupción en el servicio público se agravó de manera considerable en el gobierno anterior y lo señalado es una manera no solo de corroborarlo, sino de sancionarlo. El descontento le dio al actual gobierno un mandato para combatir la venalidad, además de tener la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. La denuncia tiene insuficiencias, calculadas omisiones a las que el mismo Presidente ha aludido, además de que su contenido se hace con el propósito de ganar el favor político en la pretensión de cumplir con los criterios de oportunidad.
La Fiscalía General de la República tiene el desafío de que la expectativa pública que ha generado la denuncia se formalice en una carpeta de investigación que dé lugar al inicio del proceso y al eventual castigo de los responsables. Para llegar a ello se requieren pruebas. No bastan los dichos ni las presunciones. La investigación debe realizarse con rigor, con estricto apego a derecho y salvaguardando al debido proceso. La FGR es la institución más importante en la etapa inicial de la acción judicial. Desde muchos frentes la institución y quien la encabeza han estado sujetos a presión, incluso desde el mismo gobierno. Nada hay que suponga su sometimiento; tampoco que las filtraciones hubieran tenido como origen un deseo de satisfacer la idea del Presidente de que todo se hiciera público.
A pesar de la exigencia que condena la corrupción, el Presidente no tiene razón en el manejo publicitario que se hace del caso y que él mismo promueve. Mucho menos razonable es la idea de realizar una consulta pública para juzgar a los presidentes que le antecedieron. Si hay responsabilidad se debe actuar de inmediato, la ley no se vota y menos la justicia, al menos que sea en un órgano jurisdiccional colegiado. Es más que insensato presumir responsabilidades sin que medie sentencia, además del daño que puede provocarse al proceso penal.
Una denuncia no incrimina, salvo a quien señale actos delictivos en los que el mismo denunciante hubiere participado. Lo que sigue ahora es probar e investigar los hechos denunciados y calificar las pruebas.
La gravedad de lo denunciado obliga a una investigación exhaustiva. Sin prejuicio alguno sobre la calidad moral o el interés de quien denuncia. No es un asunto menor lo que refiere y a quien responsabiliza. Los mismos señalados deben tener interés en esclarecer hechos, conductas y decisiones a manera de acreditar su conducta, con apego a la ley. A estas alturas, el sigilo que debiera haber pudo haber quedado comprometido por las filtraciones y por lo mismo hace pensar que para ellos mismos es conveniente su comparecencia, salvo que el Ministerio Público desacredite lo señalado por el denunciante.
Queda claro que lo histórico no está en el plano del voluntarismo, tampoco en la denuncia, si ésta en realidad es un fuego de artificio o si no se llega a las últimas consecuencias en términos de sanciones.
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