La reforma de la Ley Electoral de Nuevo León, publicada el lunes 10 de julio, señala que los ayuntamientos son gobernados por planillas integradas por un presidente municipal, los regidores y síndicos. Agrega que los ayuntamientos son autónomos, por lo que las candidaturas registradas en los municipios no guardan relación entre sí. Nuestros legisladores rechazan incluir criterios de paridad horizontal, que establecen que las candidaturas a los distintos gobiernos locales deben ser repartidas entre un número equivalente de mujeres y hombres.
Esta paridad se completa con otra vertical, que promueve que los ayuntamientos se integren con un número igual de hombres y mujeres. La reforma establece en el artículo 146 que las candidaturas para síndicos y regidores en ningún caso deben contener más del 50% de postulantes propietarios de un mismo género. Pero no se establece el orden de tales postulaciones, por lo que las candidatas pueden quedar relegadas a las posiciones menos ventajosas.
La Corte Suprema, en la acción de inconstitucionalidad 36/2015 y sus acumuladas, establece que la paridad rige en los órganos representativos (legislaturas y ayuntamientos), pero no en los cargos unipersonales. Sin embargo, en su voto, el ministro Arturo Zaldívar señala que los estados deben tomar las medidas necesarias para lograr la participación plena de las mujeres, aunque sin ajustarse a un único modelo.
Nuestros legisladores no siguen esta recomendación. Desconocen la paridad horizontal, puesto que viola la libertad de los partidos para designar a sus candidatos (es decir, para postular a quien prefieran); no establecen mecanismos que garanticen la paridad vertical efectiva en la conformación de los ayuntamientos, y no buscan alternativas para garantizar la paridad sustantiva. Les importa quedar bien con sus supervisores (los partidos), y no con su mandante (la ciudadanía). Así, los municipios aún son territorios de desigualdad de género, amparada por ley.
DR. JOSÉ FABIÁN RUIZ
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