Espinoso es el tema de hoy. Pero éticamente inevitable. Nada más alejado del propósito de esta columna que ofender las creencias religiosas de nadie. Pero la verdad debe prevalecer, aunque lastime.
El propio Papa Francisco ha tenido que tomar la que seguramente sea la decisión más dolorosa y valiente de su vida: llevar al banquillo de los acusados a un cardenal de la Iglesia Católica; y además hacerlo en virtud de la autoridad política que detenta como soberano del Estado Vaticano: uno de los casi 200 estados nacionales que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En efecto, este 28 de julio el ex cardenal Angelo Becciu, ahora destituido, compareció ante el poder judicial del Estado Vaticano presidido por el juez Giuseppe Pignatone.
El juicio debe determinar legalmente si empresarios privados defraudaron al Estado Vaticano por millones de euros, o si realmente en el seno mismo de las finanzas del Estado Vaticano ha existido todo un complejo sistema de corrupción, liderado precisamente por el cardenal Angelo Becciu, al que el Papa Francisco había otorgado toda su confianza.
Los hechos presentados parecen confirmar la segunda suposición: en los años de 2013-14 la Secretaría de Estado del Vaticano pidió prestados más de 200 millones de dólares para invertir (moda neoliberal) en un fondo financiero de Luxemburgo (paraíso fiscal) denominado Athena, manejado por un “empresario” suizo-italiano llamado Raffaele Mincione. La operación se hizo con la autorización del cardenal Angelo Becciu.
La mitad de ese dinero público vaticano se utilizó para comprar el 45 por ciento de un edificio en Londres y el resto en inversiones de bolsa, o sea: especulación financiera.
Además, Raffaele Mincione usó el dinero eclesiástico para diversas operaciones especulativas: que provocaron millonarias pérdidas bursátiles al erario del Estado Vaticano.
El cardenal Becciu, ante la situación, nombró como nuevo intermediario a Gianluigi Torzi, que “negoció” con Raffaele Mincione su retiro por 55 millones de dólares, para asegurar para el erario vaticano la propiedad total del edificio londinense.
Pero no terminó ahí el asunto: entonces Gianluigi Torzi extorsionó a la Secretaría de Estado del Vaticano y, a su vez, negoció su salida por 15 millones de euros. Así va la acusación legal ante el juez Pignatone.
Ocurre que el cardenal Becciu pagaba importantes comisiones a una mujer de 40 años llamada Cecilia Marogna (que ya está en prisión) acusada de usar fondos destinados a “pagar rescate de una monja colombiana secuestrada”, dinero con el que pagó estancias en hoteles de lujo.
Así pues, podemos observar con dolor, para no decir que con horror, que también en el Estado Vaticano penetró el neoliberalismo y la corrupción, que éste debe ser un golpe extremadamente doloroso y frustrante para el Papa Francisco, que tanto esfuerzo ha puesto para recuperar los valores cristianos; que no se llevan bien con el gran poder político y menos con dinero financiero: ni en la Santa Sede.
Esteban Garaiz