Largo, muy largo es el camino de la desconquista. De una nación que surgió como resultado de una conquista a sangre y fuego, caballos y hierro. Que se estructuró en un virreinato de castas diferenciadas de por vida, con un registro de estado civil perpetuado en los libros parroquiales de la corporación religiosa que predicaba que todas y todos somos iguales hijos de Dios.
Con 300 años de estructura agraria cuasifeudal, producto del despojo, con el 80 por ciento de las tierras cultivables en manos de mil familias descendientes, naturalmente, de los conquistadores y con peones acasillados (“cuatro quintas partes que son parias y no tienen derechos”, dijo Justo Sierra en 1893).
Con esa estructura social intacta se llevó a cabo la Independencia Trigarante (“sin derramamiento de sangre”, acaban de decir ilustrados historiadores) hace 200 años.
Eso sí: nos proclamamos República con los valores de igualdad y fraternidad, además de libertad. Para lograr la libertad de creencias hubo que esperar hasta 1857. La ciudadanía universal (de los varones) hasta 1914; las mujeres debieron esperar otros 50 años.
De ahí venimos: es necesario recordarlo.
Por puro milagro, todavía permanece en el maltrecho Pacto Nacional de hace 104 años, un párrafo, un renglón que habrá que sostener a costa de lo que sea: “la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.
La diferencia esencial entre los gobiernos conservadores y los progresistas tiene claramente una expresión presupuestal. De ahí la trascendencia de que la orientación política del Poder Legislativo Federal coincida esencialmente con la del Poder Ejecutivo: precisamente la proclamada por las grandes mayorías ciudadanas.
Los gobiernos conservadores proclaman y hacen saber que trabajarán con todo ahínco en favor de todos los habitantes y cumplirán sus derechos hasta donde rinda el presupuesto asignado. No más, “para no caer en el populismo”.
Los gobiernos progresistas, por lo contrario, asumen, en su totalidad, el compromiso de cumplir y hacer cumplir todos los derechos de todas y todos sin excepción y sin cortapisas.
Para ello, será necesario recaudar más, no necesariamente aumentar los impuestos.
Hace 11 años, el ahora Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, lo dejó publicado en el Nuevo Proyecto: “Tan sólo la eliminación de los regímenes fiscales especiales que benefician a una minoría, aportarían al erario público cerca de 700 mil millones de pesos, es decir 6.5 por ciento del PIB. Siendo ésta una decisión política, por ahí habría que empezar”.
Como ya es sabido, se quedó corto: el SAT ha recuperado en estos tres años bastante más de esa cantidad de impuestos no pagados por años. Dineros que han resultado ser la salvación ante la pandemia: reconfiguración hospitalaria acelerada más la adquisición, compleja pero exitosa, de las vacunas.
Lo breve de este espacio nos condiciona volver pronto sobre el tema; sin embargo, la tendencia internacional de las economías más prósperas y progresistas nos hace pensar en la necesidad de replantear en el corto plazo una fiscalidad de mayor progresividad.
