En días pasados la Comisión Tarifaria del Siapa aprobó una alza a las tarifas del agua en los municipios que conforman dicho sistema. El resolutivo fue publicado en el Periódico Oficial el lunes pasado provocando reacciones en contra de diversas fuerzas políticas. La medida es completamente ilegítima y nada pertinente ante una problemática generalizada respecto al abasto y calidad del agua que millones de personas, habitantes de la segunda ciudad más importante del país, padecemos a diario.
Hay varios puntos: se estima que un tercio del agua que circula en la ciudad se desperdicia por el estado de las tuberías que propician fugas, el organismo presenta una cartera vencida de más de la mitad de sus usuarios y ostenta una duda de más de 1,600 mdp de los que no se conocen inversiones de mejoras. Por otro lado, millones de personas carecen del servicio o bien es intermitente o el líquido tiene olores, suciedad y residuos que ponen en duda su calidad de potable que debe llegar a todos los hogares. La propia Cedhj emitió una recomendación que insta a los titulares del Siapa y de Gestión del Agua (sí, en Jalisco existe una secretaría de gestión del agua, aunque no sepamos nada de ella) para que, de manera urgente, tomen cartas en el asunto. Estos funcionarios han sido llamados a comparecer al Congreso para rendir cuentas sobre su actuar, o sus omisiones sin que las iniciativas prosperen, por un encubrimiento generalizado por parte de la mayoría.
Con todo esto, y muchos factores más que por razones de espacio no se toman, la respuesta es golpear la economía de miles de hogares y propiciar un aumento en la tarifa. Creo que debemos abordar este asunto desde la óptica del derecho humano que es y un determinante en la definición de la desigualdad. El modelo del Siapa ha sido objeto de estudios por parte de académicos que urgen a reforzarlo y adaptarlo a un esquema que, cuarenta años después de su creación debe adecuarse a una ciudad de casi cinco millones de habitantes y un estrés hídrico sorprendente.
En repetidas ocasiones hemos señalado que no se puede afectar la economía mientras un servicio se presta en malas condiciones o incluso no se presta. Más aún, cuando se trata de garantizar un derecho humano y lo que esto conlleva.
El asunto del agua debe convertirse en una prioridad que nos ha alcanzado en colonias donde el suministro es una opción o el abastecimiento una eventualidad, donde la calidad del agua es tal que no se puede usar para lo más elemental de cada ser humano. Y no solo en la actualidad, sino en la vista al futuro, donde las generaciones venideras estarán cada vez más comprometidas, en la prevalencia de las ciudades, que siguen absorbiendo una gran demanda, que cada vez más adolecen de la falta de líquido, de gobiernos responsables y cuyas miras no se centren en un sistema de cuotas, menos cuando el tiempo, que ya corre en nuestra contra, nos puede cobrar muy caro.
