Avanza en comisiones la intención de una mayoría de diputados de retirarles los honorarios a los integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (CPS). Y seguramente, más de algún lector se preguntará: ¿y qué carajos es el CPS? Su desconocimiento social es parte de su fracaso; en cuatro años, sus integrantes han sido incapaces de dejar su burbuja y buscar legitimidad social. Era entendible el primer año. Incluso, en aquel momento, el CPS encabezado por Jorge Alatorre tenía broncas hasta para cobrar. No tenían nada. Erigieron una institución desde el piso. Sin embargo, los años pasaron y quitando algunos periodos honrosamente dignos, el CPS se volvió una institución que le cuesta al erario, pero que no juega ningún papel relevante.
El CPS nació como un triunfo de la hoy denostada sociedad civil. Probablemente usted lo recuerda: la visibilización y el señalamiento de la profunda corrupción del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Activistas sociales pidieron que todo el entramado naciente del sistema anticorrupción quedara bajo el liderazgo de un ente ciudadano externo a los partidos políticos. A regañadientes, pero un PRI debilitado tuvo que aceptarla. En Jalisco, el sistema estatal anticorrupción nació de un gran acuerdo entre el PRI y MC. No sólo se nombro a la Comisión de Selección que, de forma honoraria, eligió a los primeros integrantes del CPS, sino que también se designó al primer fiscal anticorrupción de Jalisco y un anhelado recambio en la Auditoria Superior. A pesar de muchas sinuosidades en el camino, las cosas salieron relativamente bien. Jalisco dio ejemplo nacional.
Llegó Andrés Manuel López Obrador y el contexto cambió. El presidente no tardó en calificar al Sistema Nacional de casi apéndice de Coparmex y, con ello, disparar el tiro de gracia al trabajo de académicos, investigadores y políticos en el último lustro. “Yo no creo en ese sistema ni en la sociedad civil”, dijo el jefe de Estado. Se acabó, al menos por ahora. En Jalisco, el sistema siguió en operación. Hubo incluso momentos de colaboración con el ejecutivo estatal como la elección del Fiscal del Estado y la adopción de “Fiscalía que Sirva” por parte de Enrique Alfaro. A diferencia de lo que ocurría a nivel federal, en el Estado veíamos canales de comunicación y la posibilidad de que el sistema anticorrupción jugara un papel relevante.
La buena sintonía se rompió tras la elección de los consejeros de la Judicatura. Lo escribí en aquella ocasión, las y los diputados orquestaron un auténtico fraude a la ley para repartirse sin sonrojo los asientos de la Judicatura. Una alianza MC-PAN pasó por encima del resto y la indignación de algunos sectores de la sociedad no pudo evitar el deshonroso desenlace. Creo que, en ese momento, la presidenta Lucía Almaraz jugó un papel de mucha dignidad frente a una mayoría legislativa que descalificaba no sólo el trabajo del CPS, sino también de las universidades encargadas de redactar los exámenes de oposición. De aquellos polvos, estos lodos. El Gobierno del Estado quedó con la percepción que algunos consejeros del CPS operaban para intereses particulares. Se rompió el lazo de confianza entre unos y otros, y eso hacía que Jalisco entrara en un escenario parecido al nacional.
Tras esos sucesos, el CPS cambió de presidenta. Aterrizó Annel Vázquez, académica de la UdeG. Más allá de foros y seminarios, el CPS entró en etapa de hibernación. Los integrantes del CPS eran más conocidos por su labor como analistas o comunicadores que por su trabajo en el Comité. Esa mezcla entre agenda mediática y agenda institucional fue desgastando el papel del CPS. Tanto internamente como hacia el exterior. Más que estar en la vanguardia de las políticas anticorrupción o ser la voz de la ciudadanía en esta agenda, el Comité se volvió endogámico e irrelevante. No olvidemos, su sueldo no es menor: 90 mil pesos mensuales de dinero público. Se les puede exigir de la misma manera que lo hacemos con diputados, regidores o cualquiera que devenga un sueldo público.
A pesar del deterioro del Comité, creo que quitarles el sueldo no es la solución para tener un sistema sólido de cara al futuro. Puede ser popular, pero ni de broma nos acerca a tener un espacio ciudadanizado con autonomía y capacidad de alzar la voz. A diferencia de lo que algunos opinan, estabilidad en el cargo y sueldo son instrumentos para proteger a una instancia de estas características. Y es que es fundamental trascender el debate sobre las personas y sumergirnos en el debate sobre las instituciones. Jalisco, sin estar exento de dificultades, pero vio el nacimiento de un ecosistema saludable para combatir la corrupción. No sólo el sistema en sí mismo, sino también organizaciones que supervisan al Gobierno en materia de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. Estos avances pueden ser revertidos si vemos una apuesta legislativa por destruir en lugar de fortalecer.
Y es que las personas se irán y las instituciones quedan. Digámoslo claramente: un CPS sin remuneración sólo atrae a perfiles o que pueden cobrarse su trabajo de otra manera o que son lo suficientemente ricos como para no devengar honorarios por su chamba. Puedo entender que en el Poder Legislativo no confíen en el papel de uno, dos o tres integrantes del CPS, pero debilitar la voz ciudadana del sistema anticorrupción no ayuda ni a combatir las tramas que tanto afectan al Estado ni tampoco a enviar un mensaje nacional de que aquí en Jalisco nos tomamos seriamente el papel de las instituciones. Coincido que el Comité necesita una sacudida, una enderezada, y volver a su espíritu original. Sin embargo, éste no es el camino.
Enrique Toussaint
