Se estima que cada año más de 40 millones de mujeres alrededor del mundo recurran al aborto para terminar con el embarazo. Casi la mitad se realizan clandestinamente y bajo condiciones insalubres.
La despenalización del aborto en Nuevo León revivió luego de que Ivonne Álvarez, presidenta del Congreso de Nuevo León, recibió una recomendación de Nadine Gasman, titular de Instituto Nacional de las Mujeres, donde consideró inminente un cambio cultural, institucional y normativo que garantice los derechos humanos de las mujeres y elimine cualquier estereotipo.
Debido a lo polémico del asunto, el Poder Legislativo deberá replantear sus posturas frente al tema; los embarazos no deseados afectan la salud mental de las mujeres y esta afectación se hace mucho peor cuando una mujer es forzada a llevar a término un embarazo no deseado y condenada a la maternidad forzada.
El aborto legal y seguro es un tema de derechos humanos y justicia social que contribuye a reducir las desigualdades de las más desprotegidas. Aun así, la Constitución de Nuevo León en su Artículo 1 dice que se protege la vida desde la concepción y hasta su muerte natural.
Se avecina una larga discusión entre nuestros legisladores, pensar que las mujeres de Nuevo León no abortan es querer tapar el sol con un dedo; el aborto se practica, aunque en la clandestinidad, muchas mujeres de todas las clases. Las más afortunadas realizan una visita médica a Houston, San Antonio o alguna otra ciudad texana, situación que cambiará debido a las restricciones en Estados Unidos.
Otras, las mujeres de los sectores menos afortunados se practican intervenciones infames, con trastornos de salud posteriores y, lo más terrible, con el resultado de incontables víctimas mortales.
Por ello, un cambio en la ley posibilitará el aborto legal independientemente de la causal por la que la mujer quiera interrumpir el embarazo.
Así la discusión llevada al Poder Legislativo por la diputada de Morena, Jessica Martínez, en mayo pasado y reactivada hace unos días por Nadine Gasman gira en torno a decidir sobre la gestación como derecho humano esencial y que no se puede obligar a la maternidad.
Discutirlo es solo el primer paso del proceso.
Enrique Burgos-Véliz@enriqueburgosv
