En Nuevo León hay dos gobiernos. Uno es el de la coalición de los partidos PRI y PAN (antes acérrimos enemigos), la cual, teniendo bajo su control al Poder Judicial y a la Fiscalía General, gobierna desde el Congreso del Estado; su principal “virtud” es crear leyes a su antojo para quitarle funciones al Poder Ejecutivo.
El otro Gobierno es del partido Movimiento Ciudadano (MC), presidido por el gobernador del Estado, Samuel García, quien holgadamente ganó la elección en 2021; pero en el Congreso solo ganaron, por la vía de representación, seis de los candidatos de MC.
El Gobierno del MC tiene su sede en el Palacio de Cantera y, en algunos casos, con el afán de recuperar las facultades que legítima y constitucionalmente tenía el titular del Ejecutivo en la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), éste gobierna con base en las facultades reglamentarias que la Constitución otorga.
¿Que en un estado democrático es imposible que haya dos gobiernos? Eso es en teoría. En los hechos, debido a la incapacidad para el diálogo que caracteriza a los políticos, en Nuevo León no solo hay dos gobiernos, sino que a cada uno, para incrementar su poder, su disposición previa los impulsa no en hacer lo que se debe, de acuerdo a nuestras leyes, sino lo que se puede.
Un ejemplo: el PRIAN solo porque las puede con la mayoría que tiene en el Congreso, le quitó al gobernador las facultades que tenía en el órgano fiscalizador del Estado; y ahora el gobernador, con base en sus facultades reglamentarias, crea la Unidad de Prevención Estratégica Fiscal.
La razón dice que por ser el gobernador el responsable de la administración pública y el encargado de la gestión y administración del Gobierno no debe perder éste las facultades para intervenir, junto con el Congreso, en el órgano fiscalizador del Estado.
No puede quedar fuera el gobernador de la vigilancia de posibles actos de corrupción y desvíos de recursos, ni de no poder sugerir medidas para la optimización del gasto público. Pero, por otro lado, fundar un órgano fiscalizador en una reforma reglamentaria no da para mucho, porque un reglamento no puede ir más allá de la ley. Todo apunta a que el sexenio se consumirá en litigios entre PRIAN y gobernador.
