De acuerdo con el Artículo 158 de la Constitución de Nuevo León y 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, que se deriva de la citada norma fundante de derecho constitucional, la Fiscalía General de Justicia es un organismo autónomo que posee personalidad jurídica y patrimonio propios.
Esto significa que “la institución que tiene por objeto ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad y velar por la exacta observancia de las leyes de interés general y perseguir los delitos del orden común”, es decir, el Ministerio Público no depende ni del gobernador ni del Congreso del Estado.
La Constitución es enfática en cuanto al alcance de dicha autonomía, no se refiere solo a aspectos técnico-jurídicos y de gestión legal de todo aquello que la Constitución y la Ley Orgánica determinan en cuanto al actuar del fiscal General, sino que, para garantizar la tan llevada y traída autonomía de la Fiscalía General, dicho concepto incluye la autonomía financiera y presupuestaria.
Ahora bien, no siempre la Fiscalía General de Justicia ha sido autónoma; antes era un órgano que jurídicamente dependía del gobernador del Estado, y en el constitucionalismo del siglo XIX dependía del Poder Judicial.
La idea de que no dependiera más del gobernador del Estado, sino que se instituyera constitucionalmente como un órgano autónomo es reciente; su propósito, dado a conocer, fue que el gobernador no influyera en las decisiones de la Fiscalía.
¡Muy bonito propósito! ¿Verdad que sí?
Lo malo es que su propósito oculto es otro: Hacer creer que la Constitución y la ley, por supuestamente ser un deseo deliberado en el que participan todas las fuerzas sociales, están siempre sobre la voluntad del jefe.
¡Nada más falso! Sin embargo, los políticos siguen creyendo que los ciudadanos somos unos imbéciles, cuando que ya no hay quien ignore que en las formas de dominación de la burocracia mexicana solo se otorga respeto al jefe, es decir, a la persona investida de autoridad, no a la ley, no a las instituciones.
En efecto, en el patrimonialismo burocrático mexicano, configurado durante las primeras tres décadas de la época posrevolucionaria, aparecen formas sofisticadas de dominación en las que se coloca la Constitución y la ley por abajo de la voluntad del jefe (término con el que hago referencia al conductor de masas, al jefe de Estado, líder o líderes parlamentarios, etcétera), tratando de hacer creer que lo que rige es la Constitución y la ley, cuando en realidad es el jefe quien está sobre la Constitución y la ley.
El problema es que, en Nuevo León, con el triunfo electoral de Samuel García que lo llevó a la gubernatura y el triunfo electoral del PRIAN en el Congreso del Estado, ya no hay un solo jefe, sino dos: uno en el Congreso y otro en Palacio. En el ámbito nacional acontece lo mismo desde el inicio del gobierno de AMLO; pero, de manera más concreta, desde el arribo de la ministra Norma Piña a la presidencia de la SCJN.
Por último, volviendo al tema de la lucha por la Fiscalía General de Nuevo León, si nuestra cultura fuera de respeto a la ley y todas las demás instituciones, no al jefe o al PRIAN, o a cualquier otro poder fáctico, no habría necesidad de que se nos trate de engañar diciéndonos que la Fiscalía General es autónoma.
¿Cuál autonomía? Si ésta fuera real, no meramente formal, no se estarían dando hasta con la cubeta el PRIAN y el gobernador por decidir quién ha de ser el fiscal General. El PRIAN ya controla al Poder Judicial, puso en la presidencia del Poder Judicial del Estado a un político que, entre otros cargos fue líder estatal del PAN; y ahora, bajo el objetivo oculto, Business are business, quiere imponer a Adrián de la Garza como fiscal General.
