No hay partido político, ni político, que no gane la elección con la promesa de que impulsará los cambios que sean necesarios para que no haya corrupción ni impunidad; para que todos, sin distinción, vivamos dignamente al amparo de las leyes. Y después, ya en el Gobierno, escudados en la impunidad, lo que hacen, entre otras conductas reprochables, es legalizar la corrupción.
Parece ser que el espacio de los políticos es el de la impunidad. ¿Cómo va a cambiar México si no hacemos nada para cambiar el perfil del político que hoy tenemos en todos los partidos? ¡Ah!, y este es el mismo de los políticos que se dicen independientes.
Y cuando por algún motivo un político es imputado por algún delito, de inmediato pone el grito en el cielo, autodefiniéndose como perseguido político.
Viene a cuento lo antes dicho por el acuerdo que hace días tomó el Cabildo de San Pedro de contratar un seguro contra negligencias de hasta para 140 funcionarios de la administración municipal, cuyo costo asciende a 270 millones de pesos.
“¡El hombre precavido vale por dos!”, dice un dicho popular. ¡Qué bueno que se les ocurrió contratar ese seguro!
Sí, pero lo malo es que los 270 millones de pesos no saldrán de los bolsillos de los 140 funcionarios municipales, sino que imitando el mal ejemplo de ya saben quién saldrá del erario.
Es encomiable la postura de Brenda Tafich, regidora del Cabildo de San Pedro por el PAN, quien dijo no estar en contra de que se contrate ese seguro; pero que no sea con dinero de los contribuyentes de San Pedro.
El argumento de Brenda, palabras más, palabras menos, es que la contratación de ese seguro significa dotar a los funcionarios municipales de una poderosa herramienta para que estos se empoderen, para que así, con mayor seguridad, realicen conductas, acciones u omisiones con las que se pisotee a los ciudadanos.
Tiene razón Tafich, tan es así que se decidió contratar el mencionado seguro después de que el alcalde sampetrino, Miguel Treviño, como consecuencia de su conducta negligente y prepotente, enfrenta demandas por probables responsabilidades administrativas.
