En el mundo global del siglo XXI son varios los peligros y riesgos que los países deben enfrentar. Incertidumbre económica, crisis sociales, proteccionismo exacerbado, terrorismo, delincuencia organizada e inseguridad son temas comunes que es necesario afrontar de manera conjunta. Los instrumentos a través de los cuales los Estados solucionan esos problemas son con tratados o acuerdos internacionales; su celebración siempre se sujeta a lo que establece la ley suprema.
En México, nuestra Constitución otorga al Poder Ejecutivo la facultad de celebrar tratados y al Senado, de manera exclusiva, la de aprobar, terminar, suspender, modificar, enmendar los que se suscriban. Es así como el Poder Legislativo es corresponsable y ejerce un contrapeso para evitar que el Ejecutivo comprometa a nuestro país con obligaciones que no pudieran cumplirse o que pudieran dañar a su población o a sectores productivos.
En este sentido es que en las negociaciones del T-MEC participaron ambos poderes, Ejecutivo y Legislativo, así como la sociedad civil, todos convencidos de que era lo mejor para el país, de tal modo que fue suscrito por los tres países el 30 de noviembre de 2018 y aprobado por el Senado mexicano el 19 de junio de este año. Entre los resultados que se obtuvieron es de destacarse, en materia energética, que se mantiene la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos, tal y como lo ordena en el artículo 27 constitucional. En medio ambiente los tres países se comprometen con la protección de la capa de ozono, del mar y la calidad del aire; así como con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y el manejo forestal sostenible.
En cuanto a la corrupción existirá cooperación en la persecución de delitos como el soborno, cohecho internacional, malversación y desvío de recursos, así como tráfico de influencias y peculado cometido por las empresas y autoridades de cualquiera de los tres países; también se obligan a combatir la malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un servidor público.
Sin embargo, el congreso estadunidense, para avalar su ratificación, puso sobre la mesa la renegociación de diversos temas. México, de ninguna manera acepta la unilateralidad en las decisiones que deben ser consensadas, por eso se opuso a que inspectores estadunidenses vigilen las actividades de las empresas mexicanas, acordándose la integración de un panel de expertos compuesto por un representante de cada país.
Otra preocupación fue la materia laboral, aunque México previamente ya modificó su legislación para fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores, así como para respetar los derechos y principios laborales, como la libertad sindical, en la renegociación se acordó integrar la figura de paneles en los que estarán autoridades estadunidenses y mexicanas, más un tercero que será un especialista reconocido por la Organización Internacional de Trabajo, para dirimir conflictos laborales derivados de la relación comercial y para verificar el cumplimiento de las normas laborales.
De igual modo se crearán “agregados ambientales” que verifiquen el cumplimiento de las normas en la materia, y se acordaron nuevos parámetros de las reglas de origen del acero; también se establecieron condiciones para reducir el periodo de las patentes de medicamentos biológicos.
En un acto de unidad, las diversas fracciones parlamentarias de Morena, PAN, PRI, PRD, Partido Verde, PES y Movimiento Ciudadano acompañaron al presidente López Obrador para atestiguar la firma del adendum en el que se plasmaron los acuerdos logrados.
Nuevamente, como en las anteriores etapas de negociación, el Senado actuará con responsabilidad, viendo por el interés de la nación. El T-MEC no es la panacea ni tampoco lo suficiente para lograr el desarrollo y la equidad, pero ofrece esfuerzos conjuntos para afrontar problemas globales entre socios, sin que sean vulneradas las decisiones soberanas que cada uno adopte.
*Senador de Morena.
