José Luis Purata Delgado, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Tampico, hizo suyas una serie de propuestas, a raíz del gasolinazo:
Proponen la firma de un Acuerdo Nacional de Fortalecimiento a Proveeduría Nacional que incluya a los tres órdenes de gobierno y a los tres poderes de la Unión. Los temas torales serían: Pago oportuno a proveedores, incremento de la proveeduría nacional en las compras de gobierno de estados y municipios.
Elevar el contenido nacional de las inversiones en el sector energético para obtener un mínimo de 50 por ciento, antes de renegociar o firmar cualquier nuevo tratado comercial, dado que en este sector no hay restricción formal por no ser parte de ellos, y el fijado en la reforma energética resultó irrisorio al incluir indebidamente la mano de obra como parte del contenido nacional; cero impuestos a la generación de nuevos empleos y deducción inmediata de inversiones.
Proponen que el impuesto acumulado aplicado a los combustibles converja al que se paga en la Región de América del Norte y no supere el 30 por ciento; un IEPS de 26 por ciento en los combustibles que ya de por sí están gravados por el IVA del 16 por ciento, una carga impositiva excesiva que impacta los costos de toda la cadena productiva nacional y el bolsillo de los mexicanos.
Exigen el ejercicio eficiente del gasto, la transparencia en el uso de recursos públicos, la rendición de cuentas y la formación de contralorías ciudadanas que supervisen se maximice la rentabilidad social del pago de impuestos por sobre la recaudación con nuevos, que generen ahorros suficientes encaminados a nuevas obras de infraestructura con un contenido nacional de al menos el 50 por ciento.
Exigen a los legisladores se diseñen los cambios constitucionales para configurar la figura de revocación de mandato que aplicaría a los gobernantes que hagan mal uso de los recursos o muestren impericia para el ejercicio público, lo que arrastra a las empresas y ciudadanos a afrentar condiciones económicas adversas.
Consideran innegable que el grueso de los mexicanos se siente vulnerado no solo por los aumentos en los precios de los combustibles, sino más aún por los desvíos y dispendio con el que se ejerce el gasto público.
