Las autoridades de Hidalgo se han visto lentas en el tema de la investigación por el desbordamiento del río Tula. Una vez que concluyó la primera etapa de la emergencia por la inundación, en donde la prioridad fue sacar cuanto antes a la gente, limpiar las calles, evaluar daños y censar a los damnificados, ahora parece que todo retoma su curso y poco a poco reabren negocios y la vida vuelve a la normalidad.
Nada más equivocado cuando se habla con algún ciudadano afectado en Tula y municipios aledaños, quienes piden que haya una investigación y se castigue a los responsables de haber inundado el río luego de las lluvias en el Valle de México de los días 6 y 7 de septiembre.
Ya son varios los frentes de acción en el tema: el de los propios afectados que insisten en el asunto de una demanda colectiva contra el Estado (gobierno federal y Conagua) para la reparación del daño; otro el de las propias autoridades hidalguenses donde hay una carpeta de investigación, tanto penal como en Derechos Humanos y por último en el frente político donde diputados federales han llevado el asunto a San Lázaro.
Sin embargo, falta que se investigue a fondo a la dependencia, organismo, oficina, desde donde se emitió la orden de llevar el agua a Tula. Sí, son lluvias, son desastres naturales, pero también hay administración de presas y embalses, donde se hacen los ajustes previos, y en el caso de Hidalgo, no ocurrió así.
Los daños siguen presentes y visibles para la población, la economía se recupera de forma lenta e incluso hay cadenas comerciales que ofrecían empleo y ya no reabrirán. Otros espacios no podrán levantar de nuevo las cortinas, y muchas viviendas siguen con infraestructura con detalles en donde es muy poco probable que se vuelva a vivir.
Eduardo González
Twitter: @laloflu
